En cinco horas de indagatoria, Echegaray rechazó haber protegido a Lázaro Báez
Lázaro y Martín Báez se encuentran procesados por lavado de activos.
El exjefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, negó hoy haber protegido a las empresas del detenido Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero, con la disolución de la filial Bahía Blanca de ese ente impositivo.
Por un lado, Echegaray aseguró que esa repartición fue cerrada en el marco de un conflicto gremial por un problema de horarios, y por otro deslindó las responsabilidades en el entonces titular de la DGI, Angel Toninelli, quien debe declarar mañana como imputado y había viajado en un vuelo junto a Martín Báez, hijo del empresario y también procesado en la causa.
Durante cinco horas Echegaray hizo su descargo a través de un escrito, pero respondió preguntas acompañado por su defensor, el abogado excamarista León Carlos Arslanian, quien luego habló con la prensa en los tribunales para dar detalles de la declaración de su cliente.
Hace diez días, Echegaray había protagonizado su primera indagatoria ante el juez Claudio Bonadio que lo investiga por una denuncia de falso testimonio que impulsó el hoy ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.
También lo imputó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió en 2008 y el fiscal Jorge Di Lello en la causa del salvataje de la eximprenta Ciccone, en la que está procesado el evicepresidente Amado Boudou.
Causa por lavado
En la resolución en la que hace un mes se dictó el procesamiento de Lázaro y Martín Báez -ahora apelado ante la Cámara Federal- por lavado de activos (causa conocida como la "ruta del dinero K"), Casanello citó a Echegaray y a Toninelli por considerarlos posibles responsables del delito precedente que se necesita para probar el blanqueo de dinero.
La justicia les adjudica vinculación con una usina de facturas apócrifas que funcionaba en Bahía Blanca, por entender que pudo haber constituido "el posible hecho precedente que permitió a los actores de esta encuesta hacerse de una suma de dinero negro que luego sería paulatinamente introducida en el mercado".
Sospechas
Se cree que, desde la Afip, se protegió a empresas de Báez (como Austral Construcciones) y a otras radicadas en Bahía Blanca -Grupo Penta SA, Calvento SA y Constructora Patagónica Argentina SA- que habrían proveído a aquel de facturas falsas.
La defensa de Echegaray sostuvo que debía cerrarse la causa por un "incidente de falta de acción", ya que el exjefe del ente recaudador había sido sobreseído en diciembre último por el entonces juez Norberto Oyarbide.
