Emergencia por mora en la designación de funcionarios
Falta cubrir cargos y, al parecer, la única preocupación del kirchnerismo es tratar de nombrar a jueces y fiscales “leales”, entre quienes ya aprobaron para ocupar vacantes.
Las postergadas designaciones de jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales en distintos puntos del país han provocado un colapso en la Justicia federal, que dejó miles de causas a la deriva y centenares de personas que llegan a estar entre dos y tres años encarceladas sin ser juzgadas.
En el mapa nacional se advierte que las únicas jurisdicciones que tienen los tribunales orales federales (TOC) completos son Corrientes, Formosa, Paraná, Santa Fe, Salta, Tucumán, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
Subrogantes
En Córdoba se registra una situación especial. Los dos TOC cuentan con sus tres camaristas cada uno, pero las demoras en la tramitación de causas son evidentes. Sucede que las tres vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones son cubiertas por integrantes de los dos tribunales orales, en calidad de subrogantes.
Este es el primer gran parche y un cuello de botella que repercute a futuro, ya que los jueces de los TOC que subrogan en la Cámara no pueden intervenir después, cuando las causas llegan a juicio.
Estos obligados apartamientos generan un interminable intercambio de jueces de los dos tribunales orales para poder iniciar juicios que se prolongan en el tiempo y se tornan interminables. Hay audiencias que se suspenden o cuartos intermedios programados para varios días más tarde.
En la actualidad, hay juicios que se iniciaron hace más de un mes y aún no se ha llegado a los alegatos. Estas demoras también obedecen al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, que pueden demorar hasta llegar a la sentencia.
Hay causas contra los represores en casi todas las provincias y, si algo faltaba para que la Justicia federal de Córdoba marche a paso de tortuga, es que integrantes de los tribunales orales tienen que subrogar magistrados en otras provincias, como Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, por citar algunas.
Innumerables causas prescriben y la alternativa de juicios abreviados no ayuda demasiado si se tiene en cuenta que la población de reclusos detenidos por delitos federales en Córdoba suma 279, de los cuales sólo 56 son condenados. Hay 221 procesados, entre ellos 13 mujeres, y alrededor de un 90 por ciento no tiene fecha de iniciación de juicio.
Como se puede observar, la Justicia hace agua por los cuatro costados, a pesar de que los jueces trabajan más que nunca. El orden de mérito para cubrir las tres vacantes de la Cámara Federal está listo desde hace casi tres años, pero la presidenta Cristina Fernández no envía los pliegos al Senado.
Aliados
El kirchnerismo trata de digitar todo nombramiento para contar con aliados que reemplacen a los jueces y fiscales que tienen a funcionarios en la mira o para ocupar vacantes en los tribunales del país.
Por ejemplo, desde el 2006, cuando se retiró el fiscal Miguel Rizzoti del Tribunal Oral Federal N° 2, el cargo permanece vacante y el fiscal Maximiliano Hairabedian tiene que actuar en los dos TOC.
El 29 de octubre de 2010, fue aprobada la terna de tres candidatos para suceder a Rizzoti. Estaba integrada por Diego Sebastián Luciani, Carlos Miguel Searra y Fernando Arrigo.
¿Por qué no hay fiscal entonces? Sucede que apareció la “mano negra” de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien, al parecer, no quiere que se cubra la vacante de Córdoba.
Luciani asumió como fiscal general en Santa Fe en 2013, Searra es fiscal general de San Martín desde el 20 de septiembre de 2010 y Arrigo se desempeña como fiscal auxiliar de la Procuración.
Su futuro es ser fiscal general de San Martín porque la Presidenta firmó su nombramiento hace poco más de dos semanas.
La funcionaria a cargo de la Procuración debería ser imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque con la designación de los candidatos en otros destinos estaba obligada a declarar “desierto” el concurso para fiscal del Oral 2 y convocar a un nuevo concurso en el término de 60 días.
Carlos Gonella fue fiscal interino del Oral 2 y promovido por Gils Carbó al frente de la Procuración de Antilavado (Procelac). Algunos analistas suponen que Gils Carbó no quiere cubrir la faltante de fiscal y la estaría reservando para el fiel Gonella, cuando el kirchnerismo emprenda la retirada del poder.
La “discriminación” contra la Justicia federal cordobesa es más que palpable y, en los últimos días, la presidencia de la Cámara de Casación Penal de la Nación reclamó que se cumpla con la ley 26.632, del 6 de septiembre de 2010, cuando se aprobó la creación del Tribunal Oral Federal N° 3.
El nuevo Juzgado Federal N° 4 corrió la misma suerte y no hay ni miras de que se inaugure antes de que la Presidenta termine su mandato.
El único candidato a ocupar una vacante en Córdoba, pese a que no rindió el mejor examen, es el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien se hará cargo del Juzgado Federal N° 3.
La decisión ya está tomada antes de la entrevista personal (último requisito a sortear por cualquier candidato) y descartando al “número puesto” Rodrigo Altamira, actual secretario de la Cámara Federal de Apelaciones y primero en orden de mérito para asumir ese cargo.
A modo de compensación, el kirchnerismo designará a Altamira como defensor oficial, cargo al que se había postulado antes del concurso para juez.
Con este movimiento de piezas, el defensor oficial interino Jorge Perano deberá retornar a su destino en Bell Ville. Recién podrá retornar a esta ciudad el día que se ponga en marcha el Tribunal Oral N° 3.
Para asegurarse un mayor control en la Justicia federal de Córdoba, el kirchnerismo confeccionó una lista de 23 abogados de la matrícula, incluidos algunos de los actuales secretarios de juzgados, que están a consideración del Senado para ser designados jueces subrogantes. Es obvio que la mayoría de los abogados tiene una “probada” militancia kirchnerista.
