El Tribunal Superior quiere que el gremio cambie su plan

Cuando el gremio de los em­pleados judiciales y los representantes de Tribunal Superior de Justicia se encuentren hoy a las 15.30 en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, se abrirá una nueva instancia de negociación. La idea es encontrar la punta de una salida a un conflicto que incluyó la reciente y sin precedentes toma del edificio de Tribunales. Los empleados quieren que sus sueldos estén atados a los de los magistrados provinciales, que a su vez están vinculados a los de los jueces federales.

El Tribunal Superior se ­sentará a la mesa con la idea de que la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) reformule su proyecto de ley de porcentualidad en las remuneraciones del Poder Judicial –que incluye a los magistrados–, pese a que estos se encuentran en el proceso de equiparación salarial con el fuero federal que concluirá en 2015.

Aunque están dispuestos a consensuar la porcentualidad para los empleados, los vocales del alto cuerpo quieren que la conducción del gremio reconozca en la mesa de negociación que el proyecto, tal cual fue presentado, no es viable y debe ser reformulado, dejando fuera de la iniciativa a los magistrados.

El proyecto entregado por el gremio que conduce Irina Santesteban al TSJ y días después a la Legislatura provincial es copia de la ley que rige en Santa Fe, que equipara a los magistrados al 100 por ciento de lo que cobran sus pares de la Justicia Federal y otorga a los empleados un “enganche” al 70 por ciento de lo que percibe un vocal de Cámara, aplicado a una escala según los cargos.

Desde el alto tribunal señalan que en Santa Fe la situación es diferente, ya que el Poder Judicial tiene la mitad de empleados que hay en Córdoba.

En el TSJ aseguran que están dispuestos a consensuar un proyecto de ley de porcentualidad “razonable”, pero advierten que el principal problema es el tiempo, ya que la Agepj pretende un acuerdo antes de las elecciones del 27 de octubre.

El gremio también está dispuesto a negociar la escala de porcentualidad y de hecho ya le expresó verbalmente al TSJ que no tenga en cuenta, para medir el impacto económico, los adicionales por antigüedad y título que propone la iniciativa. Pero insiste en que el proyecto sea sancionado por la Legislatura antes de fin de año, para que el nuevo régimen de remuneraciones ingrese en el presupuesto de 2014 y rija desde febrero.

Algunos especulan que Santesteban incluyó a los magistrados equiparándolos al 100 por ciento con la Justicia Federal, como una “zanahoria” para sumar apoyo de ese sector.

La equiparación salarial de la Justicia provincial con la ­Federal establecida en la ley 10.106, sancionada el 24 de octubre de 2012, prevé que en noviembre próximo los magistrados provinciales se equiparen al 83,25 por ciento de los que perciben sus pares nacionales; en 2014 lleguen al 86,5 por ciento y en noviembre del 2015 al 90 por ciento, como tope.

“Ya tenemos una ley que hoy rige para el Poder Judicial que está en su proceso de vigencia completa, que tuvo un año de suspensión por el Ejecutivo provincial y aspiramos a llegar al 90 por ciento, con un conjunto de limitaciones, desde la razonabilidad para que el Legislativo acogiera la ley”, señaló el vocal Armando Andruet.

“Si uno compara nuestra ley de equiparación con las de Santa Fe y Entre Ríos, estamos en pérdida, porque ellos están equiparados al 100 por ciento, pero hemos querido poner un marco de razonabilidad; creo lo mismo podemos conseguir en un trabajo cuidadoso con los empleados, en una porcentualidad razonable”, opinó.

Según el gremio, la porcentualidad costaría 55 millones de pesos extras al mes desde octubre, cuando se aplique el último aumento salarial previsto.

Otra fuente del tribunal, advirtió que con los números del proyecto del gremio –dejando de lado las nuevas escalas de antigüedad y título– se daría la paradoja de que un jefe de despacho (máximo cargo técnico) cobraría casi 32 mil pesos, similar al sueldo inicial de un juez y más que lo que percibe un secretario.

“En la mesa de negociación queremos que nos den una ­contrapropuesta; lo que pre­sentamos fue un proyecto que se puede modificar”, replica Santesteban.