El secretario de Zannini, en una incómoda situación

Buenos Aires. El subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, quedó en una incómoda situación al reactivarse una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que desató especulaciones sobre su renuncia, luego desmentidas por el propio funcionario.

Liuzzi, principal asistente del secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, fue señalado por el juez federal Norberto Oyarbide como el funcionario que lo llamó en diciembre pasado para detener el allanamiento en la mutual de crédito Propyme.

En este marco, se supo ayer que Liuzzi volverá a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, ya que la Sala II de la Cámara Federal resucitó una denuncia en su contra, archivada en 2012 por el propio Oyarbide.

Sobre el tema, surgieron informaciones relacionadas a una posible presentación de su renuncia a la presidente Cristina Fernández.

Al respecto, Liuzzi negó ayer haber presentado su dimisión y denunció “una virulenta campaña persecutoria” en su contra.

Mediante un comunicado, el funcionario advirtió sobre “reiteradas y diversas versiones periodísticas de los últimos días sobre presuntas irregularidades” en el ejercicio de sus funciones, pero dijo que “en ningún momento” presentó su renuncia al cargo que ejerce desde 2003.

Y explicó: “Todas las declaraciones juradas presentadas han sido oportunamente evaluadas por la Oficina Anticorrupción sin merecer observaciones, y han sido informadas al juzgado interviniente en la causa número 9.682/12, tramitada durante el año 2012 y de la cual resulté sobreseído”.

Cabe recordar que la Cámara Federal hizo lugar la semana pasada a un planteo del fiscal Patricio Evers, quien pidió reactivar el caso después de que el juez Oyarbide declarara por escrito que en diciembre del año pasado había ordenado levantar una serie de allanamientos tras una llamada del propio Liuzzi.

La denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans. En la misma, se sostenía que el patrimonio de Liuzzi se había “incrementado en 38 veces” desde su ingreso a la función pública.

Mientras tanto, el caso Propyme sigue generando derivaciones, que ahora podrían implicar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Según publicó ayer el diario La Nación, tras un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la organización es investigada por un posible “desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales”, por los cuales se emitieron cheques por 221.600 pesos a Propyme. La causa era investigada por el juez Oyarbide y fue trasladada a su par Marcelo Martínez de Giorgi por la Cámara Federal, a raíz del desorden con el que se llevó el expediente.