"El salario debe ser igual a la canasta familiar"

Jorge Altamira, excandidato a presidente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), visitó Córdoba días atrás y dialogó con La Voz del Interior sobre la última crisis desatada por los reclamos salariales de las fuerzas policiales. Además, se refirió a la situación del FIT en Córdoba y a los últimos cambios en el Gobierno nacional. –¿Cuál es su posición sobre la huelga de la Policía y los saqueos ocurridos a principios de mes? –Es la expresión de una gran crisis social y política. El estallido policial simplemente ha puesto de manifiesto grandes reclamos que tienen los trabajadores. Porque la Policía, buscando algo propio, hizo público un reclamo que todo el movimiento obrero tiene en materia salarial. Y en ese sentido les da un golpe muy fuerte a los planes de ajuste y de acomodamiento de la economía a los planteos del Fondo Monetario Internacional (FMI). –¿Usted está de acuerdo con que la Policía se acuartele y deje de prestar servicios para reclamar? –La Policía es una casta cerrada, en la que actúan fuerzas no precisamente democráticas. Eso nosotros lo hemos denunciado toda la vida. Al fin y al cabo, ¿quién es más objeto de represión por parte de la Policía que la izquierda? Eso es incuestionable. Pero ahora, quienes quieren atacar el reclamo salarial se concentran en criticar la forma en que los policías protestaron en lugar de la cuestión de fondo, que es el salario básico. –¿Quiénes son? –Se ha formado un frente de todos los partidos, han firmado acuerdos en distintos lugares diciendo "no" a un salario básico de 8.500 pesos. Yo lo he llamado una santa alianza democrática contra un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Porque los que designan a los jefes policiales que se entrelazan con el narcotráfico y los que los protegen son los gobernantes, los mismos que pagan salarios muy bajos en la administración pública y que permiten el trabajo en negro y la flexibilización laboral. Quiero ser claro: denuncio que los gobiernos que protegen a las mafias policiales, ahora hablan de ellas porque no quieren hablar del problema del salario básico. –¿Cree que las administraciones provinciales pueden pagar salarios mínimos de 10 mil a 13 mil pesos? –Los gobiernos tienen una prioridad en el gasto. Hay una corrupción fenomenal, sobreprecios en la obra pública, endeudamiento ajustado al dólar. La tierra rural está gravada en base a precios extremadamente inferiores a los del mercado. Entonces, los grandes grupos rurales prácticamente no pagan impuesto por la tierra pero sí pagan los trabajadores los impuestos inmobiliarios urbanos, los ingresos brutos, las tasas municipales. En una palabra: el dinero en la Argentina está, el problema es cómo se reparte. –¿Qué opina sobre los cambios en el gabinete nacional? –El cambio de gabinete es la expresión de una crisis política. Porque las decisiones que estaban concentradas en la Presidenta se pasan al jefe de Gabinete, que representa a otra coalición de fuerzas. La Presidenta se despojó parcialmente de la función de arbitrar todo, por lo que el Gobierno pasó a ser más de coalición y menos de jefatura personal. Pero cuando estalló la crisis de Córdoba, la jefa personal y el representante de la coalición entraron en conflicto ante el pedido del gobernador de traer la Gendarmería. Con lo cual, en un tiempo muy rápido, Capitanich perdió el poder. –El 10 de diciembre, la legisladora provincial Liliana Olivero (Izquierda Socialista) cedió su banca a Cintia Frencia (Partido Obrero). ¿Qué significa ese acuerdo para el FIT? –Es un aspecto muy importante de la construcción del Frente de Izquierda porque desarrolla una metodología de construcción colectiva que obliga al debate interno. Demuestra que esto no es una mera coalición electoral que amalgama candidaturas, sino que arma un proyecto político. Porque una gestión legislativa desarrollada de manera colectiva implica un proyecto político. –Al dejar su escaño, Olivero reiteró las denuncias de fraude en las últimas elecciones en Córdoba. ¿Cómo está esa situación? –Vamos a ir hasta la Corte Suprema con el reclamo. Es difícil porque los partidos tradicionales están cerrados en la defensa de sus privilegios, con la complicidad del Congreso Nacional, donde nadie objetó los pliegos del noveno diputado por el radicalismo. Estos fraudes han sido repetidos. Ya ocurrió en 2011, con Néstor Pitrola en provincia de Buenos Aires.

Su nombre real es José Saúl Wermus. Tiene 71 años. Es miembro fundador del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Fue legislador porteño y candidato a diversos cargos. Fue autor de la ley que estableció la jornada de seis horas para los trabajadores del transporte subterráneo porteño, entre otras iniciativas.