El Minotauro seguirá comiendo millones de oscuros pesos

Hay leyes que están hechas a sabiendas de que serán violadas.

Y violaciones que se hacen a sabiendas de que no hay leyes.

Los fondos que se manejan en las campañas electorales siguen siendo una de las partes más oscuras de la política. Esta no puede mostrar ante la sociedad lo que gasta.

Hacerlo tal vez expondría de forma dramática el esquema de corrupción en el que suelen asentarse muchos proyectos políticos.

Tenemos a mano dos procesos electorales para cotejar. En uno, el de la elección nacional, hay normas más o menos claras que cumplir en materia de financiamiento; en el otro, el de los comicios en la ciudad de Córdoba, casi no hay legislación al respecto, y la que hay es en extremo flexible.

En el primero, con normas, se miente con descaro y los involucrados se burlan de manera abierta ante las autoridades y los ciudadanos. Imaginemos qué puede ocurrir en el proceso municipal, donde las exigencias son tan laxas.

Para la campaña municipal, no hay topes máximos de gastos, no hay obligación de rendición previa y los balances para el dibujo (en el más amplio sentido de la palabra) de los números finales deben presentarse en un impreciso plazo de 60 días, que vencería el 13 de noviembre, aunque hay quienes discuten aún si se trata de días hábiles o corridos.

Las campañas del gobernante radicalismo y del opositor Movimiento ADN merecieron señalamientos por los gastos, además del clásico despliegue al que nos tiene acostumbrados la delasotista Unión por Córdoba.

Los dos primeros juraron que pasaba la elección y daban a conocer cifras y aportantes. Los terceros ya ni se preocupan por promesas que los pondrían al borde del perjurio eterno. Pasaron ya 10 días de la votación y no tenemos idea de cuánto dicen haber gastado y quiénes dicen haberlos financiado a Ramón Mestre, Tomás Méndez y al resto.

El vocablo “dicen” es clave. Está largamente probado que una cosa es lo que se informa y otra la realidad.

Si no, basta con asomarse a los balances presentados por las fuerzas que compitieron en las primarias nacionales del 9 de agosto pasado.

Los principales competidores dijeron haber erogado 40 millones de pesos (Daniel Scioli) y 27,5 millones (Mauricio Macri).

Diversos cálculos sostienen que en todo el proceso electoral nacional, desde que empezaron a buscar votos hasta que terminen el 25 de octubre o 22 de noviembre, cada una de las fuerzas con posibilidades invertirá bastante más de mil millones de pesos. Mil millones parece ser un poco más que 40 millones. O que 36.

Para completar el cuadro de violaciones y burlas a la ley y a la ciudadanía, el cordobés José Manuel de la Sota dijo que tuvo un solo aportante en su campaña presidencial, que puso unos cinco millones de pesos, y lo identificó como NN. Eso representa la mitad de los 10 millones que dice haber gastado De la Sota en las primarias. Esa cifra es irrisoria, porque –para tener una dimensión– en la elección municipal en Córdoba los partidos más grandes gastaron por encima de los 50 millones de pesos cada uno.

La ley prohíbe expresamente las contribuciones anónimas y ese aporte de cinco millones está por encima del tope por contribución individual. Burla por falsear datos y violación de la ley en el llenado de un solo casillero de una planilla de Excel.

De todo esto, algo parece quedar cada vez más claro: la sociedad no sanciona con su voto estas conductas mendaces y violatorias de la ley, y la Justicia se aprieta, en estos casos, con mucho más fuerza la venda que tiene sobre los ojos para no ver absolutamente nada de esto.

En esa confusa madeja que es la corrupción, los gastos de campaña aparecen como un hilo del cual se podría intentar tirar para ver si se puede desentrañar.

Un hilo como el que le dio Ariadna a Teseo para entrar y salir del laberinto en el que estaba el monstruoso Minotauro y matarlo.

Pero tal vez todos seamos responsables de que no haya Ariadnas, Teseos y de que el Minotauro se siga comiendo miles de miles de oscuros millones de pesos.