Motosierra. El Gobierno habilita un plus salarial a los jefes de áreas estatales que más empleados despidan
Así lo indica una normativa publicada en el Boletín Oficial. Fuerte rechazo de los gremios.
El Gobierno nacional desató una fuerte controversia tras la publicación en el Boletín Oficial el pasado 20 de marzo de una normativa que establece la asignación de unidades retributivas adicionales a los funcionarios a cargo de las áreas gubernamentales que hayan logrado una mayor reducción de personal.
Esta medida, que en la práctica significa un plus salarial para quienes efectúen más despidos, provocó un inmediato rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales gremios de la administración pública, que anunció un paro y movilización para este jueves.
Qué dice la medida oficial
Según destaca La Nación, en la resolución oficializada este miércoles detalla en su artículo 5° que las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores podrán recibir estas unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la disminución de la planta de empleados de su respectiva jurisdicción.
Para que esto se concrete, deberá haber una intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Fuentes oficiales explicaron a La Nación que la medida forma parte de una estrategia de racionalización del gasto público.
Quiénes podrán recibir los incentivos
Si bien aclararon que los ministros y secretarios de Estado no podrán recibir estas unidades retributivas, ya que sus salarios se encuentran congelados desde diciembre de 2023, subrayaron que las UR son un régimen preexistente destinado a premiar a empleados públicos por productividad, iniciativas o méritos relevantes.
No obstante, la nueva disposición establece un sistema “objetivo” para determinar la cantidad de UR disponibles para cada ministerio, basado en su estructura y cantidad de trabajadores, teniendo en cuenta ahora la eficiencia en la reducción del gasto público para lograr un superávit fiscal que impulse el crecimiento económico.
Gremios en alerta
La oficialización de esta normativa se da en un contexto de tensión e incertidumbre en la administración pública, especialmente ante el vencimiento de 50.000 contratos a fin de mes.
Desde ATE alertaron que esta situación incrementaría aún más las unidades retributivas que recibirían los funcionarios responsables.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la medida como una “escandalosa decisión del Gobierno”, acusándolos de pagar a funcionarios por “hacer el trabajo sucio de destruir el Estado” y comparando la situación desfavorablemente con el sector privado, donde los premios se otorgan por productividad y no por despidos.
En contraste, desde el oficialismo justificaron la medida en el marco del “ajuste” que está llevando adelante el Gobierno.
Argumentaron que las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera, y el ajuste es uno de los parámetros a alcanzar, por lo que este beneficio es un “reconocimiento” a quienes lo logran.
