El conflicto judicial y la ¿última? instancia para negociar

El conflicto judicial en Córdoba está a punto de cumplir cuatro meses y nuevamente se abre una instancia para retomar el diálogo, que no debería ser desaprovechada por las partes para encontrar un camino de solución razonable.

Lo que está en discusión entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el gremio de los judiciales es un nuevo sistema de remuneraciones para los empleados enganchado porcentualmente con lo que cobra un vocal del alto cuerpo. Lo que reclaman ahora los empleados de los tribunales cordobeses es lo mismo que les concedió el gobernador José Manuel de la Sota a los magistrados cuando el 29 de diciembre de 2009 dio luz verde al oficialismo en la Legislatura para aprobar la ley 9.725 que disponía la equiparación gradual de los jueces cordobeses con el fuero federal. Esa norma fue retocada después por el gobernador Juan Schiaretti en diciembre de 2012 a través de la ley 10.106 que fija que los magistrados se equipararán al 86 por ciento de lo que cobran sus pares federales en noviembre de 2015.

Actualmente la diferencia salarial entre quien más gana y menos gana en el Poder Judicial de Córdoba es de diez a uno. Un sueldo promedio de bolsillo de un vocal del alto cuerpo es de 58 mil pesos y el inicial de meritorio de 5.800 pesos. Con el sistema de porcentualidad, que de acordarse regiría en 2014, el gremio pretende achicar sustancialmente esa brecha y, en esa proporción, está la clave de la discusión.

La Federación de Abogados de la Provincia y el Colegio de Abogados de Córdoba resaltan que el reclamo de la porcentualidad era la demanda previsible que harían los empleados al ponerse en marcha la mejora de los sueldos de sus jefes, los magistrados.

Tras un fracaso de la primera mesa de diálogo entre el TSJ y el gremio –que se desarrolló entre el 26 de agosto y 18 de septiembre en el Ministerio de Trabajo–, nuevamente se abre ahora, a instancias de los abogados, una segunda oportunidad.

Tanto el alto cuerpo como el gremio y los propios empleados deberían hacer una autocrítica sobre la experiencia de la reciente negociación para evitar que, por intransigencia, se frustre la alternativa de acordar un sistema de remuneraciones, cuyas eventuales ventajas deben ser evaluadas en el largo plazo y no con una visión cortoplacista.

El TSJ exige como condición el levantamiento total de las medidas de fuerza, lo que aparece como una demanda razonable, que por caso es lo que ocurre en una conciliación obligatoria.

La fuerza de un sindicato también reside en saber dar marcha atrás cuando el sentido común y la razonabilidad así lo imponen. Hoy el gremio deberá plantear ante la asamblea provincial de los judiciales si se opta por retomar el camino de la negociación o seguir con el conflicto, con nuevas medidas de fuerza.

Carlos García Allocco, titular del TSJ, les confió a los directivos de las entidades de los abogados que esta será la última instancia de diálogo que ofrecerá el alto cuerpo para consensuar con el gremio un sistema de porcentualidad. “Después de esto, se pasó el tren”, graficó un vocal.

Si no hay negociación con el TSJ, el gremio deberá limitar su demanda a la Legislatura, que había pedido contar con el okey del alto cuerpo para debatir el proyecto.