De gobernar por decreto a gobernar por filmina

Las cosas siempre pueden empeorar. De gobernar por decreto, se puede pasar a gobernar por filmina, como hizo este lunes el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, al expresar cuánto quiere que paguen por Ganancias los asalariados. Hasta anoche, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, no precisó cómo habrá que liquidar los sueldos para que cierren los números que dibujó el ministro. La defección del Congreso –que según la Constitución es el único capaz de establecer impuestos– es añeja. Esta saga en particular empezó en 2011.Hasta ese año, la ley del Impuesto a las Ganancias presuponía que a todos los asalariados argentinos, criar un hijo, por ejemplo, les costaba lo mismo. Por eso, el monto de esa deducción impositiva valía lo mismo para todo el mundo. Y lo mismo pasaba con otras deducciones (cónyuge, familiares a cargo). Sin importar lo que cada uno ganara, se descontaba lo mismo de la base imponible. Y, sobre lo que sobraba, se pagaba una alícuota progresiva: tributabas una porción cada vez mayor cuanto más dinero te sobrara después de criar a tus hijos y demás. Ese es el espíritu de la ley de Ganancias en relación con la cuarta categoría, los asalariados. De ahora en más, mando yo Pero en 2011 la mayoría K en el Congreso le cedió al Ejecutivo (otra vez) la facultad de modificar las deducciones, para que las adecuara a una inflación que esa misma mayoría K negaba. Ese era el espíritu de esa cesión de atribuciones. Y el Ejecutivo se tomó del codo: no sólo fue modificando en bloque los montos del mínimo no imponible y de las distintas deducciones, sino que diferenció las deducciones según la cara del cliente.El resultado (usando un número hipotético, pero con proporciones reales) es que, para la Afip, a mi vecino de la izquierda criar un hijo le cuesta 120 pesos, porque en 2013 cobraba un sueldo bruto intermedio; a mi vecino de la derecha, le cuesta 100 pesos, porque su sueldo era más alto; al vecino del frente le cuesta infinito (todo lo necesario para que no le "sobre" nada sobre lo cual tributar), porque cobraba un sueldo bajo, y al vecino de la vuelta –que en 2013 también cobraba poco, pero después embocó un flor de ascenso– el hijo le sigue costando infinito: tampoco le "sobra" nada, así que no paga, aunque cobra 40 mil pesos al mes. La filmina de Kicillof va a agravar esto.Hay otra arbitrariedad de base, que afecta a todo el mundo y viene con la inflación. Aunque criar un hijo es cada vez más caro, eso sólo es reconocido por el Gobierno cuando y por cuanto él quiere. Hubo un año, por ejemplo, que pasó de largo: en 2012, criar un hijo no se encareció.La combinación de arbitrariedades implica que, para casi todos los afectados, la base imponible es artificialmente alta. Pero para algunos es mucho más artificialmente alta, con el agravante de que, al ser así, se les aplican alícuotas mucho más elevadas de lo que correspondería. Al borde del abuso Hay otras barbaridades. El Ejecutivo también estableció diferencias regionales para asalariados en la Patagonia (donde los sueldos ya son muy superiores), algo en lo que el Congreso jamás pensó. Y Kicillof y Echegaray hacen la vista gorda con empleados propios y de altos sueldos (bancos oficiales, pilotos de Aerolíneas Argentinas, judiciales, petroleros, entre otros) que están eludiendo o evadiendo el impuesto. Avalaron cualquier cosa con tal de no pelearse con gremios en los que la patronal es el Estado o las empresas estatales. Así es fácil reclamarles a las patronales privadas, Kicillof.No hay dudas de que se está cobrando un impuesto que ya no tiene nada que ver con el que legisló el Congreso. Y es para analizar si hay funcionarios que están abusando de su poder.Mientras esto sucede, diputados y senadores siguen de campaña en un país en el que la representación política de los contribuyentes es igual a la de una monarquía absoluta.Legisladores nacionales como Juan Schiaretti, la radical Laura Montero o la bancada del PRO presentaron proyectos de ley más o menos abarcadores para restituir la racionalidad y la progresividad del tributo. Pero falta batalla política. Faltan ganas y enjundia.Que se sepa, por ejemplo, la oposición no llevó a la Justicia un pedido de inconstitucionalidad contra los decretos que han venido destruyendo una ley. Ni un fiscal ni nadie más han denunciado la grosera desigualdad ante la ley con que se privilegia a sectores de los empleados estatales nacionales.