Confirman procesamientos por blanqueo en la campaña de Cristina en 2007
La Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos de cuatro involucrados en un supuesto blanqueo de dinero de origen ilegal proveniente de la “mafia de los medicamentos”.
La Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos de cuatro involucrados en supuesto blanqueo de dinero de origen ilegal, proveniente de la llamada “mafia de los medicamentos”, mediante aportes a la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández a la presidencia en 2007, y revocó el procesamiento de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza.
La Sala Dos del tribunal de apelaciones ratificó los procesamientos del ex superintendente de Servicios de la Salud y principal recaudador para la campaña del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Capaccioli; el ex legislador Sebastián Gramajo, y los empresarios vinculados con la actividad farmacéutica Carlos Torres y Gabriel Brito.
"Existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva", sostuvieron los magistrados y acerca de Capaccioli y Gramajo indicaron que "fueron los encargados en procurar y recibir el dinero" y "conocían su origen ilícito y operaron conjunta y dolosamente en la concreción de la maniobra".
Los camaristas, a la vez, revocaron el sobreseimiento de Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional y responsable económico y financiero de la campaña del FPV, porque consideraron que junto a los otros procesados “estaban al tanto de la naturaleza real –delictiva- de los fondos”.
En cuanto al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo resolvió “dejar sin efecto” el procesamiento en razón de que ya está procesado en la causa sobre la “mafia de los medicamentos” por supuesta defraudación contra la administración pública.
El 23 de junio último el juez federal Ariel Lijo había dispuesto los procesamientos y ordenó embargos en cada caso hasta cubrir la suma de tres millones de pesos. A todos les reprochó haber utilizado las empresas farmacéuticas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido.
Según Lijo, mediante ese mecanismo obtuvieron apariencia de legalidad y se pusieron en circulación fondos de origen espurio por un total de 886 mil pesos. Los imputados fueron -según Lijo- "los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo".
Las empresas farmacéuticas fungieron como pantalla: aparecieron como aportantes a la campaña cuando económicamente no podían hacerlo, libraron cheques a su nombre y al momento de efectivizar el pago obtenían anónimamente en sus cuentas depósitos por el monto a debitar, según el magistrado.
