Choque de elefantes

Una simple resolución judicial, que no hace otra cosa que recordar que las normas vigentes supuestamente hay que cumplirlas, puede ponerle un poco de picante a una campaña provincial que viene bastante sosa, por ahora. En dos carillas, el Tribunal Electoral provincial anunció la contratación –que todavía no se formalizó, pese a que la campaña ya está en marcha formalmente hace dos semanas– de una auditoría para monitorear los gastos de campaña en radio y televisión.Nada distinto a lo que está previsto en el manipulado Código Electoral provincial, sancionado para darle mayor calidad institucional a la política cordobesa, pero que terminó opacado por enmiendas y modificaciones, siempre favorables al oficialismo.Es probable que no pase absolutamente nada, pero hay posibilidad de que se genere algún estrépito en una campaña silenciosa, en función de que está en la mira el manejo de los fondos proselitistas, una de las partes más oscuras de la política argentina y cordobesa. Sigue siendo grande el misterio respecto de los montos que se gastan y el origen de esos recursos, por más que se cambien las normas. Alarmas La resolución de la semana pasada del Tribunal Electoral provincial, que no hace otra cosa que recordar que hay una ley vigente, levantó polvareda en todos los comandos de campaña. La Justicia electoral provincial hizo algo que el Código Electoral le manda hacer: auditar cuánto gasta cada fuerza política. Pero como el tema es sensible y no hay casi antecedentes judiciales de control real y efectivo a los fondos de campaña, se encendieron alarmas y hubo interpretaciones cruzadas.Hay dos cuestiones de contexto clave para entender esta lupa sobre dineros que suelen ser poco cristalinos: el manoseo de la ley electoral provincial, por un lado, y, por otro, el choque de dos aparatos que controlan sendos gigantescos presupuestos hace más de una década, como se ha transformado el cruce delasotista-kirchnerista que se da en esta campaña provincialDe un mero repaso de las campañas de Juan Schiaretti y Eduardo Accastello, salta enseguida que la disponibilidad de recursos que tienen los candidatos que responden a los gobiernos provincial y nacional es muy superior a la del resto de los competidores.¿Qué dice la ley provincial sobre cuánto se puede gastar en una campaña para gobernador? Separa en dos partes los gastos: la publicidad en radio y televisión (la erogación más costosa en cualquier campaña) y el resto de los desembolsos (cartelería, movilidad, logística, entre otros).Para la publicidad en radio y televisión, cada candidato dispone de espacios asignados por el Estado, que se calculan 30 por ciento en partes iguales y el otro 70 por ciento en función de los últimos resultados electorales. Pueden contratar espacios por sí mismos, hasta un tope de aquel monto multiplicado por cinco. Números concretos Unión por Córdoba y Juntos por Córdoba tienen asignados espacios publicitarios por unos cinco millones de pesos, por lo que pueden gastar hasta 25 millones en ese rubro. Pero el frente kirchnerista Córdoba Podemos, que no participó de anteriores elecciones provinciales, tiene disponibles poco más de 400 mil pesos como aporte estatal, por lo que no podría gastar en radio y televisión más de dos millones de pesos.Tanto en el peronismo como el radicalismo dicen que Accastello llegó a ese tope en las dos semanas que van de campaña según los plazos oficiales (los avisos anteriores empezaron hace varios meses, pero no se cuentan).A esto le siguió la reacción kirchnerista de recordar que Unión por Córdoba no cumplió con las normas en materia de fondos de campaña en anteriores procesos electorales nacionales.La actuación en la Justicia federal puede comprometer los aportes de Unión por Córdoba en la futura campaña nacional con la precandidatura presidencial de José Manuel de la Sota.Es tan pero tan rápida la actuación judicial que todavía están en análisis los balances de la campaña de 2009. Pasaron seis años y dos turnos electorales.La pasividad y uso político-partidario en las estructuras judiciales es lo que emparenta a los tribunales provincial y nacional, tanto en el ámbito electoral como en el resto de los fueros.Como ha sido dicho, se trata del choque de dos estructuras que han hecho culto del uso de fondos públicos en función de intereses partidarios y del despilfarro de dineros proselitistas. ¿Se están mandando mensajes al estilo "entre bomberos no nos pisamos la manguera"?Para el resto de los gastos de campaña, el tope previsto para todos es de 25 millones por agrupación. De tal manera, si se cumple la ley, la delasotista Unión por Córdoba y la alianza radical-macrista-juecista no deberían erogar más de 50 millones de pesos para la campaña a gobernador, mientras que el kirchnerista Córdoba Podemos tiene un tope legal de unos 27 millones.El problema no sólo son los gastos de campaña, obviamente; es que la ley y la trampa suelen caminar de la mano.