Causa Río Tercero: querella pidió 17 años para acusados

Llegó la hora de los alegatos con los que se cierra, a 19 lejanos años de los hechos, el juicio oral por las explosiones de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero. En dos semanas (el próximo 17) se conocerá la sentencia del Tribunal Federal 2 de Córdoba. Ayer, fue el turno de los abogados querellantes, que pidieron 17 años de prisión para los cuatro militares retirados imputados por estrago doloso agravado, que supone condenas de entre ocho y 20 años. Horacio Viqueira y Aukha Barbero, abogados de las hijas de Ana Gritti (única querellante penal, ya fallecida) plantearon durante cinco horas de alegato que la suma de indicios son suficientes para concluir que las explosiones fueron "un acto aberrante, provocado y organizado", a partir de decisiones tomadas "en el seno del propio Estado nacional" para "encubrir el delito cometido entre 1991 y 1995 con el tráfico ilegal de armas a Croacia". Defendieron los resultados de las pericias oficiales, encargadas por la Justicia en 2003 y que determinaron que el origen no pudo ser accidental. Esas pericias fueron cuestionadas por los imputados en las últimas audiencias. Tras detallar la suma de situaciones sospechosas que rodearon a los hechos del 3 de noviembre de 1995, sugirieron al tribunal que se condene a los imputados bajo la teoría jurídica de la "autoría mediata", con varios antecedentes en el mundo y en el país. Admitieron que no se puede esperar una prueba que demuestre una orden de alguien para planificar o provocar las explosiones, pero opinaron que puede interpretarse la voladura como una acción de un "aparato organizado de poder", que habría involucrado a los más altos cargos del Ejecutivo nacional, del Ejército y de la Dirección General de Fabricaciones Militares en 1995. El juicio, en realidad, llegó sólo con imputados que cumplían roles en esa empresa estatal. El martes 9 se escuchará el alegato de la Fiscalía. El 10 y 16 será el turno de los abogados defensores.