Presunta corrupción. Causa Odebrecht: pidieron 4 años de cárcel para De Vido y Cameron por negociaciones incompatibles
Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz solicitaron este jueves penas de entre tres años y medio y cuatro años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dos exfuncionarios de la Secretaría de Energía y un exdirectivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por presuntas negociaciones incompatibles en la adjudicación de obras a la constructora Odebrecht entre 2006 y 2008.
Pidieron cuatro años para Daniel Omar Cameron (72) y De Vido (72) y tres años y seis meses para el exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Alberto Folgar (55), y el exgerente general y vicepresidente de la Cammesa, Luis Beuret (80), a quienes consideraron partícipes necesarios de la maniobra.
Por otro lado, le requirieron a los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, del Tribunal Oral de Capital Federal la absolución del quinto imputado que había llegado al debate, el exsubgerente de Cammesa, Julio Bragulat (79), ya que no se podía asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra tal como fue concebida ni tampoco está acreditado que tuviera conciencia en la participación en el delito”.
En el juicio también estaba imputado el exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Bautista Marcheschi (86), pero fue apartado del proceso por incapacidad sobreviniente, informó el Ministerio Público Fiscal.
El caso Odebrecht en Argentina
En el juicio, que comenzó diciembre pasado, se analizan los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, entonces a cargo de Federico Delgado (fallecido), con intervención del juez Daniel Rafecas.
La causa se inició luego de que, en el marco de la investigación por el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos, desarrollada por la Fiscalía Federal N° 4, se advirtieran una serie de maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).
De acuerdo al requerimiento formulado por el fiscal Delgado, De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret y Bragulat habrían incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, al mantener reuniones privadas con los representantes de la Constructora Odebrecht S.A., dictar diversas resoluciones y tramitar expedientes administrativos. Ello a fin de beneficiar a la empresa al adjudicarle los contratos de prestación de servicios para la ejecución de las obras de los gasoductos.
Primera jornada de alegatos de la fiscalía
El fiscal Luciani destacó el martes que estaban “ante un caso de gran corrupción”, donde los funcionarios implicados “al amparo de una falsa apariencia de licitud de sus conductas, convergieron en un claro objetivo: beneficiar ilegalmente a la firma Odebrecht”.
“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló.
Agregó que esos “principios cardinales que hacen a la sana y transparente gestión, en este caso, quedaron relegados a partir del accionar infiel de los acusados” quienes “privilegiaron intereses ajenos al bien común con miras de obtener un beneficio propio o de un tercero, en el marco de un contrato en el que intervinieron en razón de sus cargos”.
Luciani indicó que se detectó, en el marco de la contratación “un claro e inadmisible direccionamiento hacia Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.
“Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática. Esto, en definitiva, permitió a los acusados sortear controles ineludibles e indispensables para una obra pública de la magnitud de lo que implica obviamente la ampliación de la red troncal de gasoductos de un país”, destacó.
Destacó que los imputados “se aprovecharon de sus posiciones estratégicas para darle apariencia de licitud al delito. Diseñaron una verdadera ingeniería burocrática para eludir la Ley de Obras Públicas y así manejar discrecionalmente arbitrariamente cuantiosos recursos públicos. Fingiendo, aún hoy, que se trataba de un negocio entre privados”.
El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 12 de mayo, cuando el juicio continuará con los alegatos de las defensas.
