Negociaciones incompatibles. Caso Odebrecht: los alegatos de la fiscalía serán la semana que viene
Es por irregularidades en la adjudicación de las obras para la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte y Sur.
El fiscal general N°1 Diego Luciani y el coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz alegarán el próximo martes en el juicio por las negociaciones incompatibles en las que habrían incurrido funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en la adjudicación a la firma Odebrecht de las obras para la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).
Entre los acusados están el exministro de esa cartera, Julio De Vido (76); el exsecretario de Energía, Daniel Cameron (72); el exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Folgar (55); y el exgerente general y vicepresidente y el exsubgerente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), Luis Beuret (80) y Julio Bragulat (79). También había llegado al debate imputado Bautista Marcheschi (86), exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, pero fue apartado del proceso por incapacidad sobreviniente.
El debate comenzó en diciembre pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, informó el Ministerio Público.
El caso
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Federal N° 4 que investigaba el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos.
En ese marco, el titular de esa fiscalía, señaló una serie de maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS), que motivaron una investigación que tramitó ante la Fiscalía Federal N° 6, a cargo del fallecido fiscal Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas.
En la elevación a juicio de 2018, el representante del Ministerio Público imputó a De Vido —como cómplice necesario—, Cameron —como autor—y a Marcheschi, Folgar, Beuret y Bragulat —como partícipes necesarios— del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública contemplado en el artículo 265 del Código Penal y que prevé una pena de uno a seis años de reclusión o prisión, inhabilitación especial perpetua y multa de dos a cinco veces el valor del beneficio pretendido u obtenidos.
“Durante el proceso de proyección, aprobación y contratación de la ampliación de gasoductos 2006-2008, financiado en el marco del plan ‘fideicomiso gas’ (creado por decreto 180/04 del Ejecutivo y reglamentado por resolución 185/04 del Ministerio de Planificación por los recursos afectados por las resoluciones 950/04 y 1.436/06 de la Secretaría de Energía), existió un desvío de la voluntad negocial por parte de los funcionarios que representaron a la administración pública”, señaló.
De acuerdo a las pruebas recolectadas durante la investigación, se estableció que los exfuncionarios habrían beneficiado a Odebrecht al adjudicarle los contratos de prestación de servicios para la ejecución de las obras de los gasoductos. Para ello, los imputados dictaron diversas resoluciones, mantuvieron reuniones privadas y tramitaron expedientes administrativos que culminaron en la contratación de la empresa.
Tras efectuar un análisis de los actos que llevaron a la celebración del contrato con Odebrecht, el fiscal de instrucción consideró que “las irregularidades detectadas en los procesos de contratación son reveladores de interferencias ajenas a los intereses de la administración pública” para beneficiar a la firma constructora que resultó adjudicataria de las obras.
