A casi dos décadas, un juicio rengo
A juicio se somete la hipótesis de que, desde el propio Estado, y por razones que mezclan intereses políticos y económicos, se sometió a una ciudad que no estaba en guerra a un bombardeo infernal.
Si no aparecen incidentes ni recursos que paren por enésima vez el proceso judicial, sobrecargado de idas y vueltas, a 19 años de los hechos empezaría al fin el juicio oral que debería determinar quiénes fueron los responsables, y por qué razón, de uno de los hechos más oscuros ocurridos en 30 años de democracia argentina.
A juicio se somete la hipótesis de que, desde el propio Estado, y por razones que mezclan intereses políticos y económicos, se sometió a una ciudad que no estaba en guerra a un bombardeo infernal.
Esa hipótesis era sólo de algunos hace 15 años, cuando asomaban tantas dudas mientras la investigación judicial se estancaba. Luego, la sociedad, empezando por la riotercerense, la hizo suya. Al final, la Justicia dio la vuelta y concluyó también en que las explosiones fueron un acto intencional y programado, con la intención de ocultar las ventas ilegales de armas que, en el caso de los envíos a Croacia, tuvieron a la Fábrica Militar de Río Tercero como centro operativo.
El día en que se hicieron humo, los polvorines estaban atiborrados de viejas bombas de guerra, recolectadas de unidades del Ejército, para “maquillar” y vender como nuevas en un nuevo embarque clandestino hacia Croacia.
En este marco, la causa llega renga a las audiencias orales. Porque fue elevada a juicio como un atentado para ocultar pruebas. Atentado que –para ser cierto– debió necesitar de una muy poderosa red de complicidades. Sin embargo, en el banquillo estarán sólo algunos mandos medios de la estatal Fabricaciones Militares. Como si –de probarse la acusación– pudieran haber actuado por su cuenta, sin una orden o un guiño superior.
Al incluir en 2013 al expresidente Carlos Menem entre los imputados, el juez federal Carlos Ochoa concluyó que debió actuar como “instigador”, interpretando que “podría haber determinado a quienes pergeñaron el tráfico ilegal de armas para que eliminen todo tipo de rastros de esa operación delictiva”.
Para la Cámara Federal cordobesa no hay pruebas para sostener esa acusación, que se sigue debatiendo en otras instancias judiciales.
Mientras, el caso se arriesga a un juicio rengo para la gravísima hipótesis con la que llega a esta instancia.

