Bonadio investiga a De Vido por coimas

Buenos Aires. A menos de 24 horas de haber sido desplazado de la causa en la que se investiga a la empresa Hotesur, propiedad de la familia de la presidenta Cristina Fernández y del empresario kirchnerista Lázaro Báez, el juez federal Claudio Bonadio realizó ayer procedimientos judiciales en el Ministerio de Planificación Federal y en las empresas estatales Enarsa e YPF relacionadas con una denuncia por presuntos sobornos en la importación de gas. El magistrado, además, en declaraciones periodísticas acusó al Gobierno de querer domesticar al Poder Judicial y advirtió que podría ser blanco de un ataque, con una frase sugestiva, que después intentó relativizar: "Si aparezco suicidado, busquen al asesino porque no es mi estilo", dijo en obvia alusión a la muerte del fiscal Alberto Nisman, sucedida hace seis meses y sobre la cual su colega Viviana Fein aún no determinó si se trató de un suicidio, un asesinato o un suicidio inducido.La decisión que tomó el jueves la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de desplazar a Bonadio de la causa Hotesur fue apelada ayer mismo ante esa instancia judicial por la denunciante original, la diputada nacional y precandidata presidencial por el frente Progresistas, Margarita Stolbizer, mientras que el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, le pidió a los camaristas que especifiquen qué parte de la investigación quedó nula.Anteayer, con los votos a favor de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros y en contra de Eduardo Farah, la sala 1 de la Cámara Federal porteña desplazó a Bonadio de la causa Hotesur. Los dos primeros consideraron que Bonadio perdió la imparcialidad y denegó el acceso a la defensa tanto al empresario Báez como a Romina Mercado, sobrina de la Presidenta e hija de la ministra Alicia Kirchner, porque no pudieron recusar a un grupo de peritos contables de la Corte convocados por el magistrado y nombrar peritos de parte, entre otras irregularidades. Otro frente Tras esta decisión, a primera hora de ayer, representantes del juzgado de Bonadio cumplieron con su orden de presentarse ante la Secretaría de Energía que depende de Planificación Federal, Enarsa e YPF para requerir información relacionada con presuntas irregularidades en la compra por parte de la primera de esas empresas de GNL (Gas Natural Licuado) desde 2008 hasta la actualidad. Los oficiales judiciales se presentaron en todos los casos acompañados por policías de la Metropolitana, la fuerza de seguridad porteña, y con "órdenes de presentación" que fueron atendidas. "El procedimiento judicial –aclaró un comunicado de YPF– no constituyó un allanamiento".Planificación Federal, en cambio, prefirió denominar el hecho de "allanamiento de requerimiento de información" y transmitió a periodistas que su titular, Julio De Vido, declaró que "por lo visto, hay un plan de allanamientos para todos y todas", parafraseando a la Presidenta. Una alusión a los procedimientos que Bonadio realizó con policías metropolitanos el martes pasado en Río Gallegos en oficinas de Máximo Kirchner, cuando la Presidenta descansaba en esa ciudad. Bonadio aclaró después que los procedimientos de ayer habían sido ordenados la semana pasada pero que fueron postergados "por problemas logísticos".El argumento de la apelación que presentó Stolbizer es que la Sala 1 se excedió porque "sólo debía expedirse sobre la validez jurídica" de la consulta del juez (Bonadio) a los peritos de la Corte Suprema.