Atrapados en distorsiones que llevan 40 años

La Constitución Nacional establece que el número de diputados será proporcional a la cantidad de habitantes, pero el problema es que esa correlación nunca se actualizó con los sucesivos censos.

Sigue rigiendo en esto la ley 22.847, dictada en 1982, durante la última dictadura, que a los efectos del cálculo proporcional, remite al censo de 1980 y fija que cada distrito tendrá un diputado cada 161 mil habitantes o fracción superior a 80.500.

Eso implica que el sistema hoy toma una “foto” del país con apenas 28 millones de argentinos y no con más de 40 millones, como contabilizó el censo de 2010, que a su vez también va quedando desactualizado.

La misma ley incluyó elementos que distorsionan aún más el escenario, pero ya no por la subrepresentación sino por la sobrerrepresentación, al establecer que ningún distrito puede tener menos de cinco diputados ni menos de los que ya tenía en el Congreso de 1976.

Eso determinó, para las provincias más chicas, un piso de representación que no guarda relación con la población que acreditan.

El resultado es una doble deformación: provincias que tienen artificialmente más legisladores y otras que, con más habitantes, ocupan menos bancas; también un artificio.

Además, como la corrección de esos desfases se fue postergando durante décadas, ahora surge un problema adicional.

Si se aplicara la misma ley 22.847, pero no se eliminan los “pisos” mínimos que ella forzó, tomando el censo 2010 se elevaría la cantidad total de bancas en Diputados a 327, es decir que aumentaría la integración de esa Cámara en un 27 por ciento.

A la inversa, si se quitan los mínimos, la protesta será de las provincias más pequeñas, que no querrán ceder bancas.

¿Alcanzará en este debate el argumento constitucional de respetar la representación que le corresponde a cada provincia? ¿O podrá más la demanda social, no escrita pero siempre vigente, de achicar gastos políticos?

Todas estas dudas se acrecientan, todavía más estando en juego la primera elección legislativa de medio término del gobierno de Mauricio Macri, que juega todas sus fichas a hacerse en Diputados de la mayoría propia que no le dieron los reñidos comicios del año pasado. Y en ese cálculo, el oficialismo no se juega sólo un par de bancas, sino la gobernabilidad misma para los próximos dos años.