Arranca el debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad
El nuevo sistema establece que los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 pasan a tener responsabilidad penal ante delitos castigados con una pena de 15 años de prisión o más.
Un plenario de comisiones empezará a debatir este jueves en la Cámara de Diputados el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos que conlleven penas superiores a los quince años de prisión.
Las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto de la Cámara baja, presididas por Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y Luciano Laspina (PRO), respectivamente, iniciarán el debate a las 10:00 del jueves en el segundo piso del anexo "C" de Diputados.
El presidente Mauricio Macri remarcó la importancia de este proyecto para el oficialismo en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, al indicar que "es mucho más que la baja de un año en la edad de la imputabilidad para algunos delitos graves".
En ese entonces, el mandatario explicó que "el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino a convertirse en delincuentes y hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos".
Entre los puntos centrales, el nuevo sistema establece que los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 pasan a tener responsabilidad penal ante delitos castigados con una pena de 15 años de prisión o más.
El texto, que contiene más de 100 artículos, dispone que se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente, que se basa en "garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente".
También contempla el acompañamiento individualizado a cargo de un referente de seguimiento y la formación de equipos disciplinarios integrados por psicólogos, médicos, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales.
Además, establece que la pena privativa de la libertad se hará efectiva en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos.
Privación de la libertad
Sobre la privación de la libertad del imputado, la norma tendrá vigencia “como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”.
La iniciativa propone también que “los adolescentes no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Además, quedará prohibido que el alojamiento de los menores sea en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios.
Tras la detención, se deberá trasladar al adolescente a la sede del juzgado dentro de las 24 horas.
