Admiten debilidad en la ley de pago soberano

Buenos Aires. Es hoy un día clave para el Congreso nacional, que se apresta a aprobar, con los votos exclusivos del kirchnerismo y de sus tradicionales aliados, la ley de "pago soberano" de la deuda externa. Ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó un "replanteo" a "todos los sectores de la oposición" que no respaldan el proyecto oficialista y destacó el apoyo que logró la postura argentina en Naciones Unidas para que se discuta un ordenamiento jurídico internacional que regule las reestructuraciones de deudas de los países soberanos.

La ONU votó ayer por amplia mayoría un dictamen que cuestiona las normas financieras tras las cuales se amparan los fondos buitre.

“Ser opositor también es una responsabilidad, no sólo ser gobierno”, aseguró la mandataria, que enfatizó que hubo “extranjeros, países, que apoyan a la Argentina en esta lucha” y pidió a la oposición que “repiensen su voto” en el Parlamento.

También ayer, tres comisiones de Diputados emitieron dictamen favorable para el proyecto que tiene media sanción del Senado.“Argentina quiere que los bonistas reestructurados cobren y que la mora quede en cabeza de otro”, dijo ante los legisladores el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, quien asistió junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, a defender la norma.

Los funcionarios, arrinconados por la oposición, reconocieron la urgencia del Gobierno por contar con la ley cuanto antes, debido a que el 30 opera el próximo vencimiento de la deuda –intereses por U 200 millones– y el Estado necesita tener dónde depositar los fondos debido a que si los transfiere, como lo hizo el 30 de junio, al Bank of New York (Bony), el juez Thomas Griesa podría inmovilizarlos y el default “involuntario” de la Argentina tomaría así más cuerpo.

El radical Enrique Vaquié fue el primero en preguntarle a Kicillof si Nación Fideicomiso cumple con los requisitos que debe tener un agente fiduciario, que están en los prospectos (contratos) que tienen en su poder cada tenedor que entró a los canjes. Según el legislador mendocino, dichos contratos prevén que el agente de pago cuente con al menos 50 millones de dólares de capital social y tenga sede en Estados Unidos, premisas que claramente no cumple Nación Fideicomiso.

Kicillof evitó la respuesta directa, pero reconoció que si el país busca remover el Bony y reemplazarlo, esto demandaría mucho tiempo y que entonces este 30 no habría dónde depositar los fondos del próximo vencimiento. Luego, el exministro de Economía Martín Lousteau (Unen) también criticó la opción de Nación Fideicomiso. “En la práctica podrá recibir la plata del Tesoro, pero no pagarles a los bonistas que están en Estados Unidos”, dijo.

Lousteau apuntó sobre la abrupta remoción del Bony como agente de pago. “Si se violenta el contrato firmado con el Bony, que a su vez tiene directa relación con los contratos firmados con cada tenedor, donde se establece que este es el agente fiduciario, corremos el peligro de que por una ley del Congreso estemos dándole motivos a los bonistas para pedir la aceleración de los bonos o, peor aún, que se caiga toda la reestructuración porque se estaría incumpliendo con los prospectos”, fundamentó.

Fue entonces cuando Zannini aceptó que todos esos escenarios que quedan abiertos “es hablar de lo finito” y le respondió a Lousteau: “El bonista que quiera pedir la aceleración de toda deuda deberá demostrar que hay default según cada una de las posibilidades descriptas en los contratos”, dijo. “Este no es un camino de certezas, pero esta ley es la mejor opción posible para salvar la reestructuración exitosa de 2005 y 2010”, concedió.

Claudio Lozano (Unidad Popular) coincidió con Vaquié y Lousteau en que Nación Fideicomiso no cumple los requisitos para ser agente de pagos de los bonos reestructurados. “Para cambiar por una institución local, primero se debe hacer el cambio de jurisdicción”, remarcó. Propuso como alternativa al proyecto oficial uno de resolución para que Argentina convoque a una asamblea de bonistas a fin de que un 85% preste consentimiento para el cambio de legislación y de lugar de pago.

Martín Lousteau, diputado nacional - Unen. “Nación Fideicomiso no cumple claramente las premisas fijadas en los contratos de los bonistas”.

Claudio Lozano, diputado Unidad Popular. “Para cambiar por una institución local, primero se debe hacer el cambio de jurisdicción”.

Enrique Vaquié, diputado de la UCR. “Nación Fideicomiso podrá recibir plata del Tesoro, pero no pagarles a bonistas que están en EE.UU.”.

Se diferencia. Juan Schiare­tti no convalidó con su firma el proyecto de ley propuesto por el Frente Renovador y por sus aliados del peronismo disidente, entre ellos por el diputado Carlos Caserio, presidente del bloque de Unión por Córdoba. El exgobernador señaló a este diario que no iba a firmar el dictamen del PJ opositor y prefirió resaltar sus críticas al proyecto del oficialismo.

Respaldo. Cuando se supo del proyecto del Gobierno, el gobernador José Manuel de la Sota lo respaldó, en un primer momento, pero luego cambió de opinión. Caserio comenzó a trabajar con sus colegas massistas en un propio proyecto, que respaldarán en el recinto.