Presión fiscal. Casi 400 concejales bonaerenses presentaron proyectos para bajar tasas municipales

En 116 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 396 concejales de La Libertad Avanza presentaron en simultáneo 269 proyectos legislativos con un eje común: reducir la presión fiscal municipal. La operación fue comunicada previamente al presidente Javier Milei y a Karina Milei, presidenta del partido, quienes dieron su aval.

El mensaje político es la batalla contra las tasas municipales y baja desde la Casa Rosada hasta los concejos deliberantes del conurbano y el interior bonaerense.

El paquete se distribuye en tres tipos de iniciativas, que van desde 138 propuestas para eliminar tasas, 120 para reducirlas y 11 orientadas a simplificar trámites administrativos vinculados a la actividad comercial y productiva. La presentación coordinada en más de un centenar de municipios le imprime al operativo una escala inédita en la historia reciente del movimiento libertario a nivel subnacional.

"Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos", afirmó Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense.

Para sostener el argumento, el espacio recurrió a ejemplos concretos. Por ejemplo, en Morón, según denuncian referentes del partido, continúa vigente una tasa creada durante la emergencia sanitaria del Covid-19 en 2020. Cinco años después del contexto que le dio origen, el tributo persiste sin respaldo en ninguna prestación actual.

En Carlos Tejedor, el caso es más contundente en términos numéricos: una tasa vinculada al movimiento de ganado recaudó aproximadamente $600 millones durante 2025, mientras que los costos administrativos asociados representarían menos del 10% de ese monto. La brecha entre lo cobrado y el costo del servicio que supuestamente justifica la tasa es, según la lógica libertaria, la prueba más elocuente del problema.

En Cañuelas, la ordenanza establece una tasa por desinfección de vehículos de transporte (taxis, remises, combis) que el municipio, según el espacio, no ejecuta en la práctica ni dispone de infraestructura para hacerlo.

Los tres ejemplos apuntan al mismo flanco jurídico: la proporcionalidad entre tasa y servicio efectivamente prestado. No es un argumento nuevo ni exclusivamente libertario. Es, de hecho, el principio que estructura el debate en todo el país.

La ofensiva bonaerense llega cuando el conflicto entre Nación y municipios por la presión fiscal ya lleva meses encendido. A comienzos de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, intimó a provincias e intendencias a revisar tasas que no guardaran relación con el costo del servicio prestado. La respuesta desde las gobernaciones y municipios fue que el grueso de la carga tributaria, dijeron, es nacional.

En paralelo, la Casa Rosada recortó transferencias como el FONID y el Fondo Compensador del Interior, trasladando cargas a los distritos. La tensión quedó instalada como eje estructural del vínculo Nación-provincias-municipios.

En Córdoba, la publicación de planillas comparativas de tasas municipales ya había encendido alarmas en enero pasado. El ranking de alícuotas a entidades financieras ubicó a Bell Ville con 3% y a Río Tercero con 5,5% bajo una misma etiqueta, pese a diferencias en bases imponibles y adicionales.

En el caso del intendente de Bell Ville, se objetó errores y simplificaciones metodológicas; y el de Río Cuarto interpretó el operativo como una ofensiva política para proteger al sistema financiero y debilitar la autonomía municipal.

Los datos de la provincia mediterránea ilustran la complejidad que el operativo libertario tiende a aplanar. En actividades primarias, Villa Carlos Paz aplica tasas de hasta el 2%, frente al 0% de Bell Ville o el 0,6% máximo de Río Cuarto. En industria, el techo de VCP llega al 3,6% mientras que en Villa María no supera el 0,5%. En el rubro financiero, la dispersión es igualmente pronunciada: desde el 2,5% de La Calera hasta el 5,5% de Río Tercero.

Cada alícuota tiene detrás una estructura de servicios, una economía local y una historia fiscal diferente. Medirlos con la misma vara genera titulares, pero no necesariamente política pública.

Desde Alta Gracia, el ahora exintendente Marcos Torres había hablado de un informe "parcial y sesgado" y advirtió que medir presión fiscal con cuatro planillas de Excel es una simplificación riesgosa.

En Córdoba capital, la subsecretaria Magalí Díaz sostuvo que una alícuota aislada no permite comparaciones válidas sin ponderar economía local, infraestructura y nivel de servicios.

El contexto inmediato en que se lanza la ofensiva bonaerense incluye otro movimiento del gobierno nacional: el jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un sitio web ("Transparencia Tributaria Municipal") que publica tasas cobradas en distintos municipios del país y habilita a los ciudadanos a denunciar cobros considerados abusivos.

"Que nadie se quede con lo que es tuyo", fue el mensaje político.

La herramienta convierte una discusión técnica en un terreno de exposición pública. La pelea ya no transcurre solo en los organismos técnicos ni en las negociaciones intergubernamentales: ahora tiene una interfaz ciudadana. La iniciativa bonaerense de los 396 concejales es, en ese esquema, la extensión legislativa de una misma estrategia de comunicación política.

El trasfondo que alimenta la narrativa oficial tiene sustento empírico. Un informe de la Unión Industrial Argentina, basado en 67 empresas y 346 locaciones, detectó 84 tributos municipales vigentes y un promedio de 7,4 pagos por empresa. El 81% de los casos relevados señaló desajustes entre lo pagado y el servicio recibido. La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene representa sola el 1,8% del precio de venta de alimentos.