Violencia de género y políticas públicas

Las cifras transmiten –en números fríos– tragedias cotidianas que deberían haber quedado en el pasado y servirnos sólo para recordar aquella parte de la historia que no queremos repetir. Sin embargo, las cinco mujeres que mueren por semana en nuestro país, víctimas de femicidios, muestran de modo palpable una realidad que, si se tratara de un tema de salubridad, indicaría una epidemia.La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue aprobada por el Congreso nacional en marzo de 2009 y reglamentada un año más tarde.No obstante, a más de seis años de su sanción, sigue sin poder implementarse en aspectos relevantes. Eso significa que una ley contra la violencia de género de avanzada termina siendo –a causa de la falta de implementación por parte del Ejecutivo nacional– una mera enunciación declarativa.En consecuencia, es necesario tener presentes y marcar con claridad cuáles son los déficits en la implementación de dicha ley. Existen al menos seis puntos básicos que deberían subsanarse de inmediato.El primero de ellos es que todavía no fue aprobado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.El segundo es la falta de un presupuesto adecuado. El que hoy se destina resulta insignificante. El Estado Nacional invierte unos 80 centavos por mujer para erradicar la violencia de género, prácticamente el mismo monto que se otorgaba antes de la sanción de la ley.En tercer lugar, no existe un registro único que sirva de base para la elaboración de políticas públicas. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres no ha generado datos estadísticos que den cuenta de la magnitud de la problemática que afecta a nuestro país.Por otro parte, de un total de 24 jurisdicciones, sólo 18 adhirieron a la ley. Pese a que la ley nacional llama a todas las provincias a adherir a ella, lo que predomina es la aplicación de leyes provinciales que no son estrictamente de violencia de género, sino de violencia familiar o doméstica (que son situaciones distintas).El último punto tiene que ver con el acceso a la Justicia y a la seguridad. El Ejecutivo nacional incumple con su obligación de garantizar a las víctimas el acceso a la Justicia. Tan sólo en seis jurisdicciones existe patrocinio legal gratuito. Por su parte, sólo 12 de las 24 jurisdicciones cuentan con casas refugio para víctimas de este tipo de violencia.En lo que respecta a Córdoba, cabe decir que la Provincia no ha adherido a la ley nacional. El presupuesto que se destina representa el 0,021 por ciento del total. No posee un observatorio de violencia contra las mujeres vinculado con el Ejecutivo. No existen patrocinios jurídicos gratuitos dependientes del Estado provincial. Y carece de casas refugios.Lo alarmante es que la normativa, aunque de avanzada, no ha podido combatir el flagelo que atraviesan día tras día muchísimas mujeres. Esto se debe, fundamentalmente, a las faltas en su implementación por parte de los oficialismos nacionales y provinciales.Cada uno desde la responsabilidad que le quepa debe tomar las medidas que estén a su alcance para lograr que, de manera definitiva, el deseo de "Ni una menos", expresado en la marcha de ayer, se haga realidad, ya que en el tiempo que existe entre ambos extremos se van vidas humanas.

*Diputado nacional, presidente del bloque de la UCR