Una necesidad de estos tiempos

Cuando en 1959 recibía mi diploma de abogado, salí de la Facultad de Derecho con dos convicciones centrales: había que luchar por achicar la desigualdad en mi país y había que tener claro que, por ser la norma penal receptora de un mínimo de ética, el fin buscado con el castigo no podía justificar cualquier medio para obtenerlo.

Cincuenta y ocho años después no he declinado de la primera de las convicciones y he tratado de que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad sea de permanente vigencia, aunque el ensanchamiento de la desigualdad se venga agravando.

El poscapitalismo no supo mantener aquella necesidad coyuntural que fue el Estado de bienestar –el temor al mundo soviético– porque la doctrina de la ganancia ha desplegado tal energía que se duda sobre el futuro del trabajo. Mírese a Estados Unidos ungiendo a un loco, opuesto a una Clinton que estuvo muy lejos de aquello que se santificó como la “esperanza Obama”.

Si los medios no justifican los fines, ¿por qué ha tenido carta de ciudadanía la delación premiada? Quien delata es (¿era?) un inmoral según categoría de mi tiempo. El crecimiento exponencial de la crisis económico-social más el avance terrorífico de las variables del narcotráfico terminan justificando la inversa: sin el “buchoneo”, la norma penal no funciona; con la delación, quien incurre en ella es premiado con la morigeración de la propia pena que le hubiera correspondido y habilita para continuar procesos que ya tienen dimensión continental.

Sin la delación premiada y sin lo que uno puede suponer como una policía brasileña no corrupta –cualquier comparación con nuestras “fuerzas del orden” no sirve–, al juez brasileño Sergio Moro no le habría bastado su indudable valentía e independencia. Se me dirá que las instancias superiores a Moro no le ponen palos en la rueda, mientras aquí para acabar con una instancia superior (Eduardo Freiler, por caso) tenemos el espectáculo que ha dado un reticente “académico”.

En el admitido retroceso de que la delación premiada da resultados, no parece indiferente saber quién la ejerce y cómo la ejerce. Porque los canallas de las últimas dictaduras entendían que la picana o el homicidio eran modos de obtener “resultados” para combatir la “subversión” en una Argentina donde ellos subvirtieron el orden constitucional.

En ese cuadro, quién es juez del cuándo, del cómo y del para qué. Nada fácil el tema, pero si comenzamos desde el principio –con coherencia y con un plan explícito– no veo que el publicar los ingresos de los empleados públicos sea agravio mayúsculo al derecho a la intimidad al que alude el artículo 19 de nuestra Constitución nacional y posteriores normas internacionales ingresadas con la reforma de 1994.

El derecho a la intimidad tiene una importante cuota de preservación de lo individual. Cuando el artículo 16 de nuestra norma máxima establece que la estabilidad en el empleo público tiene como requisito anterior el de la idoneidad está, a mi juicio, mirando a la pluralidad, al soberano –el pueblo, aludido en el artículo 33 de la Constitución. ¿Cómo hace la persona de a pie para combatir el acomodo de los que ganan más sin merecerlo, si no sabe quiénes son y por qué cobran más?

Queda instaurada una pregunta que debería merecer debate central y que trasciende a la palpable inexistencia de los partidos políticos como órganos para conmover los temas de nuestro tiempo. ¿No es acaso la declinación del Estado de bienestar y el adelgazamiento del Estado de derecho lo que justifica la creación de estos nuevos criterios para detener el cuesta abajo del principio de igualdad del género humano? Dura pregunta, claro está.

* Abogado, presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción