La responsabilidadde los funcionarios públicos

Desde Cromañón hasta la llamada "tragedia de Once", asignar responsabilidades políticas a los funcionarios ha sido una tarea confusa y especulativa en nuestro país. Existen tres modelos predominantes de ética pública para asignar responsabilidades, según el politólogo norteamericano Dennis Thompson: responsabilidad formal, responsabilidad compartida y responsabilidad personal. Responsabilidad formal. De acuerdo con el modelo de Max Weber, la responsabilidad de un resultado político recae sobre la persona situada en el vértice de la cadena formal de autoridad. Este modelo establece una jerarquía de la función y divide con claridad la administración de la política. Los principios de responsabilidad asignados a la administración y a la política son entonces opuestos. Los burócratas se limitan a ejecutar las órdenes definidas por los decisores políticos y la ética del administrador está en ejecutar la orden de un superior como si procediera de las propias convicciones. En la esfera de mando, se trata de una responsabilidad política que no se puede delegar ni rechazar.Este modelo ha dado lugar a dos situaciones de utilización política de la responsabilidad.La primera, que los funcionarios políticos estén dispuestos a aceptar como parte de su función jerárquica la posibilidad de ser destituidos por acontecimientos que trascienden su influencia directa. Esto permite crear una válvula de escape en el sistema cuando inevitablemente alguien debe responder en términos políticos.La segunda situación se refiere al aprovechamiento de la clase política para una proyección de liderazgo. Ante la falta de contenido moral, el funcionario se encuentra dispuesto a asumir la responsabilidad jerárquica mostrando que él está a cargo y que no le escapa al conflicto. Lo más grave de esta situación es que anula el debate sobre la verdadera responsabilidad. Este modelo ignora que la responsabilidad no se corresponde necesariamente con la jerarquía formal, dadas las complejas redes de influencia y poder en el Estado y la difusa frontera entre administración y política. Responsabilidad compartida. El modelo de las múltiples manos describe situaciones en las que muchos individuos participan en las consecuencias perjudiciales, con acciones parciales y de difícil identificación. La dificultad inherente a este modelo es la imposibilidad de medir los aportes individuales. La culpa recae entonces sobre la estructura de la institución que determina o limita las acciones personales. La crítica a este modelo es que nos deja sin nadie individualizable a quien realmente culpar. Responsabilidad personal. Finalmente, este modelo nos dice que los funcionarios son responsables como personas y no como meros titulares de cargos o partes de un colectivo. Un funcionario es responsable de un resultado cuando se trata de responsabilidad causal y responsabilidad volitiva. Es decir, cuando sus actos u omisiones son causa de ese resultado y cuando esos actos u omisiones no son producto de ignorancia o coacción.La acción de un individuo es válida como causa si ésta fue necesaria para producir el resultado perjudicial. Sin embargo, esto depende en forma significativa de cómo se defina ese resultado. Luego, incluir el criterio volitivo nos permite incorporar el principio que refiere a que un individuo es responsable de una acción siempre y cuando hubiera podido actuar de otra manera.El desconocimiento respecto de las acciones de otros funcionarios sólo vale como excusa si no hay negligencia. Rechazar el recurso de ignorancia por negligencia no significa que el funcionario debió prever el acto de otro funcionario, sino que basta con percatarse de que eran probables ciertos errores de otros y, sobre todo, aquellos errores con patrones comunes en las burocracias públicas.Son los funcionarios (políticos y administrativos) quienes mejor conocen la imperfecta maquinaria burocrática; esto los limita con la excusa de la ignorancia y queda a disposición únicamente la excusa de la coacción.Respecto de la compulsión que proviene de la estructura burocrática y de los procesos administrativos, este modelo deja claro que es también responsable un funcionario que aporta a los fallos estructurales replicándolos, que no los notifica o no se esfuerza para su corrección sostenida.Pero incluso si los funcionarios hacen lo posible por modificar situaciones externas a su influencia directa, no anulan su responsabilidad por aceptar las reglas institucionales y actuar bajo ellas.Como conclusión, parece apropiado, desde una perspectiva ética, que los funcionarios públicos asuman las consecuencias no intencionales como un riesgo de la profesión y, además, tomen todos los recaudos posibles en su función para evitar resultados negativos de acciones ajenas pero predecibles.

* Presidente de la Fundación Ciudadanos 365 e investigador del Programa Buena Gobernanza de la UNC