El respeto de la ley

El Consejo de la Magistratura no es un organismo político ni mucho menos debe ser visto dentro de la or­ganización estadual como un botín de guerra para los partidos políticos, ya sean oficialistas u opositores. Según nuestra Constitución nacional, es un organismo que pertenece al Poder Judicial y está normatizado dentro del apartado que trata sobre dicho poder.

Es un organismo creado por el poder constituyente, elegidos sus integrantes de manera democrática por el pueblo de la república, en elecciones generales especiales, para tal fin. Es, en consecuencia, un organismo técnico especializado, integrado en forma equilibrada por todos los sectores de la sociedad, como son los magistrados, los abo­gados, los investigadores y académicos del Derecho, representantes del Ejecutivo nacional y congresales que fueron elegidos también por el voto popular.

La misión fundamental de su existencia es seleccionar por idoneidad y hombría de bien 
a quienes deberán ejercer la ­jurisdicción, para aplicar las normativas constitucionales, las leyes dictadas por el Poder Legislativo y, con carácter de irrenun­ciable y excluyente, decir cuándo una norma jurídica es inconstitucional 
por violar disposiciones de la Carta Magna.

No es propio del Estado democrático ni de un Estado republicano atacar al Poder Judicial y denostarlo porque se pronunció por la inconstitucionalidad de una ley o parte de ella, sino que debe ser de espíritu democrático reconocer las facultades que tiene para ello.

Ignorar lo anterior sería como culpar al médico al cual se va a consultar por la enfermedad del paciente. O culpar al mensajero por el contenido del mensaje.

Democracia, como ya sabemos, es participación popular; es un sistema y un medio para elegir autoridades. Tiene, además, un espíritu y conciencia 
de libertad.

República significa división de poderes, que implica auto­nomía e independencia entre ellos, y control de los actos de gobierno, en cuanto a su constitucionalidad.

La Constitución nacional es el marco para el ejercicio de los derechos de cada ciudadano y de los derechos humanos, garantizado por el equilibrio de todos los factores de poder, lo cual implica que ninguno de ellos tiene mayor peso ni autoridad sobre los restantes para imponer sus propia voluntad e intereses.

Garantías constitucionales. Abraham Lincoln definió a la democracia como el "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Por ello, no es bueno invocar valores democráticos para limitar los derechos de los ciudadanos colocándoles mordazas y cepos a las libertades de las personas, ya que esos derechos están garantizados por la Constitución nacional.

No se puede ni debe parti­dizar las garantías constitu­cionales, porque dejarían de serlo, en ese caso, para todos los ciudadanos y sólo existirían para quienes coinciden con las ideas e intereses del oficialismo de turno.

Con la aplicación del criterio de política partidaria a los or­ganismos técnicos del Estado, 
se corre el riesgo de que desa­parezca el Estado de derecho, 
la república y, con ellos, la de­mocracia.

El respeto a las instituciones es garantía 
de superación de los espasmos y caprichos individuales de todo dirigente.

No es el Consejo de la Magistratura un organismo político que toma decisiones políticas ejecutivas para la conducción del país, ni tiene facultades legislativas, sino que hace a una mejor elección y selección de quienes oportunamente deberán aplicar las normas constitucionales y jurídicas de la república.

Tratar de influir en la representatividad de dichos sectores con agentes extraños a los mismos, es quitarles autenticidad. Así, el Consejo perdería su razón de ser, porque dejaría de ser objetivo. Sería algo similar (salvando las distancias) a que los secretarios generales de los sindicatos se eligieran por voto popular, por personas extrañas al sindicato.

Este hecho desnaturalizaría las instituciones, al quitarle valor y auténtica representatividad, ya que votarían, en una elección general, sectores patronales, afiliados a otros sindicatos y partidos políticos, corporaciones, grupos empresariales, financistas, etcétera. Un verdadero absurdo, que atenta contra la genuina representación.

El pueblo decide y debe ha­cerlo por caminos previstos por las normas constitucionales, 
que el mismo pueblo se ha dictado como organización. Si estas resoluciones de inconstitucionalidad se toman, no es culpa del Poder Judicial, sino de quienes pretenden violar disposiciones normativas.

Es grave el daño que se ­produce, lastimando el espíritu de unidad de una comunidad, cuando por soberbia o intereses sectoriales o corporativos de una entidad política se lleva al enfrentamiento social, utili­zando len­guaje propio de corporaciones en guerra.

No se combaten los privilegios mediante la violencia, sino bus­cando consensos en ideas y objetivos superadores, sumando voluntades amalgamadas por la buena fe, la verdad, la justicia y sus consecuencias, que es la paz en la convivencia social.

Cambios verdaderos. Si queremos la paz, debemos ­trabajar por la justicia. Esto no se manifiesta con claridad en ideas que se expresan públicamente, y surgen así claras contradicciones; por ejemplo, cuando se afirma que se quiere acelerar el trámite judicial y para ello se agrega una nueva instancia procesal, que lo único que acarrearía es más demora a la causa jurídica.

La democratización de la Justicia debe darse en la extensión y acercamiento de los organismos de aplicación del derecho a la mayor cantidad de ciudadanos posible, y para esto es fundamental ampliar su base territorial reduciendo el costo de acceso. De modo que el presupuesto anual debe tener un nuevo enfoque y merituación.

Ningún otro poder tiene 
la sublime misión de lograr la convivencia en paz como el ­Poder Judicial, ya que este no pertenece a ningún par­tido político 
ni a ninguna corporación, pues su independencia y 
su mirada contempla a toda la sociedad sin discriminación ni calificación de ninguna naturaleza, manejando valores espirituales, además de los materiales.

Como nada de esto se dice, es claro imaginar y pensar que el verdadero sentido de la reforma judicial es la búsqueda de una Justicia adicta al poder oficialista de turno, y con ello su impunidad, creando así un nuevo privilegio, que refuerza los ya existentes.

La realidad nos esta señalando que tendríamos que reflexionar y “repensar” la misión de la Justicia, que no basta ya con la simple aplicación de las leyes, sino tener en cuenta el “plus de la paz social”, necesaria para el desarrollo de los talentos y dones de cada persona, partiendo del respeto a la ley.

*Expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba y exmiembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia.