Reforma y contrarreforma

La iniciativa para reformar el Consejo de la Magistratura nacional calienta el debate entre oficialistas y opositores en el Congreso de la Nación. Mientras el partido de gobierno quiere mantener la conformación actual, que le permite manejar al cuerpo de modo indirecto, la oposición pugna por incrementar el número de miembros y dar mayor protagonismo a los sectores ajenos al oficialismo.

El Consejo de la Magistratura fue fruto del Pacto de Olivos (1993-1994) entre el entonces presidente Carlos Menem y su predecesor Raúl Alfonsín, para reformar la Constitución Nacional. El propósito -concretado recién en diciembre de 1997- fue crear un organismo encargado de proponer y remover jueces federales, para disminuir la influencia del Ejecutivo y garantizar una mayor independencia judicial.

Su composición original era de 20 miembros, distribuidos de este modo: cinco jueces, cuatro senadores nacionales (dos del oficialismo y dos de la oposición), cuatro diputados nacionales (dos oficialistas y dos opositores), cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo, un académico y un científico; los dos últimos nombrados por el Consejo Interuniversitario.

Para las decisiones relevantes, como proponer el nombramiento de un juez o iniciar el proceso para su remoción, se requerían los dos tercios de los miembros del cuerpo; es decir, 13 votos. Como se desprende de su composición, ningún sector por sí solo llegaba a ese número para imponer una decisión. Para ello se requería consenso, un acuerdo mayoritario. Asimismo, ningún sector contaba con los votos suficientes (más de un tercio, es decir, ocho) para impedir una decisión acordada por los otros grupos. Nadie tenía "poder de veto" frente a una decisión mayoritaria del cuerpo.

Reforma. Pero en 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se produjo un cambio fundamental. El Congreso sancionó una reforma del Consejo a partir de un proyecto de la entonces senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner, que disminuyó a 13 los miembros del cuerpo. Para ello se redujo la representación de los jueces, de cinco miembros a tres; de la oposición parlamentaria, de cuatro integrantes a dos, y de los abogados, también de cuatro a dos; asimismo, se eliminó al representante del claustro científico. No se modificó la representación del oficialismo, de cuatro parlamentarios más un miembro del Ejecutivo.

"Hay que disminuir la representación de los jueces y abogados, porque actúan corporativamente y sumados tienen demasiada representación", fue el fundamento más utilizado por el oficialismo para avalar el proyecto. Es decir, aseguraban buscar un mayor equilibrio.

Pero lo que realmente procuraba el kirchnerismo era dominar en forma indirecta el cuerpo, a raíz de su nueva conformación. Es que la reforma aprobada estableció un Consejo con 13 miembros, de los cuales el oficialismo tiene cinco.

Para tomar decisiones trascendentes, se requieren los dos tercios, esto es, nueve votos. Como el oficialismo tiene cinco, todos los demás, sumados, llegan a ocho, uno menos de los votos necesarios. De manera que el cuerpo no puede adoptar una decisión si el oficialismo no está de acuerdo. Ése es el poder de veto que en la práctica tiene el Gobierno.

Para la oposición, esta situación anula el espíritu con que fue creado el Consejo, que requería consenso pero no unanimidad ni poderes especiales -surgidos del número- para ningún sector.

Contrarreforma. Ahora está en marcha una nueva reforma del Consejo, esta vez impulsada por las principales fuerzas opositoras. El proyecto prevé elevar el número de sus miembros de 13 a 18. Se agregan dos legisladores de la oposición (uno de cada cámara), un abogado, un académico y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

De aprobarse el nuevo esquema, el oficialismo perdería el poder de veto, porque conservaría los cinco miembros que tiene en la actualidad y necesitaría siete para impedir que la suma de los otros grupos llegue a los dos tercios. Se volvería a la idea original del consenso, sin que ninguna bancada pueda frenar una decisión si hay acuerdo de los demás.

El proyecto tiene media sanción de Diputados y será debatido este mes y en agosto en el Senado. Voceros oficialistas advirtieron que, si el proyecto es sancionado, será vetado por la Presidenta, aun cuando signifique un costo político importante. En cualquier caso, la discusión seguirá abierta.