Otro paro agraviante e inaceptable
En nombre de un falso concepto de paz social, el Estado no puede resignar el deber de garantizar a los usuarios el acceso a uno de los servicios básicos en una sociedad: el transporte público.
Otra vez, los usuarios –en especial los de menores recursos, que no tienen automóviles ni otros vehículos para desplazarse de un lugar a otro, y en muchos casos de los trabajos a sus hogares– han sido víctimas de una medida de fuerza agresiva e inaceptable: un paro sorpresivo de los choferes de ómnibus de corta, media y larga distancia, agrupados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita). La huelga es aún más provocadora porque se produjo en medio de un feriado largo (jueves y viernes), el primero instituido como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y el segundo, como "feriado puente", para contribuir supuestamente a la evaluación serena de los hechos ocurridos hace 35 años y también para el ocio y esparcimiento de los argentinos, según proclamó el Gobierno nacional. Hay otro agravante: el gremio del transporte interurbano no acató la conciliación obligatoria dispuesta por la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación y manifestó no sentirse preocupado por una eventual declaración de ilegalidad del paro.En la Argentina están ocurriendo cosas graves y preocupantes: hace poco la presidenta Cristina Fernández exhortó a los gremios a no realizar medidas de fuerza que afectaran servicios esenciales. Esa exhortación, pese a su tono mesurado, tuvo el carácter de una orden, de una decisión gubernamental que fue abiertamente desacatada en este caso, y en otros similares ocurridos poco después del discurso de la mandataria. Aoita no sólo no acató la conciliación obligatoria ordenada por la cartera laboral, sino que tampoco hizo eco de una convocatoria presidencial, lo que quiere decir que se ha situado en un plano de abierta marginalidad de los asuntos sociales. El subsecretario de Transporte de Córdoba, Edgar Pérez, dijo que la Provincia no intervendrá en el conflicto. Y agregó: "Podemos poner servicios de emergencia, pero no podemos atentar contra la paz social".Entonces, surge la pregunta referente a si dejar a unos 10 mil ciudadanos a pie no es atentar contra la paz social. Y no se trata sólo de usuarios que pueden llegar a sus hogares caminando 20 o 30 cuadras, sino que tienen que a trasladarse a lugares que pueden estar a decenas o cientos de kilómetros. La inmensa mayoría de los habitantes del Gran Córdoba –como así también quienes se dirigían a Villa María, Bell Ville, Río Cuarto, San Francisco o Cruz del Eje– fue afectada por este paro sorpresivo, que desató la ira de los afectados, como pudo verse en las caóticas escenas vividas en la Terminal de Ómnibus. Sobre éstas y muchas otras protestas en los servicios esenciales cabe preguntarse: ¿hasta cuándo? En nombre de un falso concepto de paz social, el Estado no puede resignar su deber de garantizar los derechos constitucionales, como el acceso a un servicio mínimo de transporte.
