Los nuevos caminos que se le abren al poder

Si algo compartieron oficialismo y oposición tras las elecciones primarias del domingo pasado fue la sorpresa del 50 por ciento y algo más de votos que obtuvo Cristina Fernández. Eufóricos, y con razón, funcionarios del Gobierno nacional han confesado que en el juego de los pronósticos internos que se hicieron los días previos en la Casa Rosada, aunque nadie daba menos del 40 por ciento, tampoco ninguno auguraba más del 45.La matemática pura, que estudia la cantidad considerada en abstracto, puede admitir que entre 45 y 50 hay sólo cinco puntos de diferencia. Para la política, en cambio, que está en las antípodas de esa ciencia exacta, el volumen de esos cinco puntos es enorme. Cristina ganaba igual por paliza con el 45 por ciento y, de haberse tratado de los comicios presidenciales, quedaba consagrada en primera vuelta. Un anhelo. Tener ese "más de 50" es otra cosa en términos de poder. Tanto que la jefa del Gobierno ha dicho a sus coroneles que en octubre quiere ir por más, llegar al 52 por ciento y convertirse en la primera persona, después de Juan Perón, que gane con mayor cantidad de votos una elección presidencial. Ese lugar lo ocupa por ahora Raúl Alfonsín, quien en 1983 obtuvo el 51,7 por ciento de los sufragios. El deseo-orden de Cristina no es algo que no pueda cumplirse.Las fuerzas políticas, grandes o chicas, de aquí o de cualquier país del mundo y de variadas corrientes de pensamiento, viven el presente como una transición hacia la realización de una utopía. Desde esa perspectiva, siempre lo mejor está por venir y para acceder a ello sólo hace falta alcanzar el poder. Es previsible que después de ocho años de gobierno de un mismo signo, quien ya tiene el poder en sus manos, como es el caso de Cristina, defina los objetivos que faltan y reafirme, con todo derecho, el rumbo elegido. Los votos le otorgan inobjetable legitimidad a la Presidenta para ejercer el poder que le entregan las urnas. Para vivir en democracia, eso es imprescindible pero no suficiente, dice la oposición, y se plantea para octubre lograr una mayor presencia parlamentaria, que actúe de natural equilibrio. Esas elecciones ya despiertan, entonces, otro interés que no es el de saber quién presidirá el país los próximos cuatro años. Con realismo, eso se da por descontado. El kirchnerismo ha mostrado, desde 2003 hasta aquí, una especial capacidad para sortear las dificultades que se le han presentado. Eso incluye la utilización de herramientas legítimas, como haberle dado entidad económica y política al Estado, y otras que no lo son. Si la inflación es un problema, la solución es ocultarla con estadísticas dibujadas. Si alguna corrupción oficial sale a la luz, como el escándalo Schoklender, entre otros, hay que minimizarla. Si falta un voto para aprobar o rechazar una ley en el Congreso, algún legislador tendrá precio.Como estas y otras cosas similares ya se han visto, todo hace presumir que, con la ratificación de una mayoría abrumadora en las urnas, podrían continuar sucediendo. Aparece una pregunta, entonces, que sintetiza el pensamiento de los que, respetando aquella legitimidad del poder, miran un poco más allá de la batalla política: ¿quién pondrá límites a los excesos? Los riesgos. A veces conviene acceder a las respuestas por la negativa. En ese caso, reformulamos: ¿quién no pondrá esos límites? No está en condiciones de ponerlos la oposición política, disgregada, confundida, empobrecida y castigada por la voluntad popular. Al menos en los próximos dos años, el Parlamento va camino a ser la prolongación del Poder Ejecutivo, un lugar donde podrán darse debates encendidos, pero decisiones en una sola dirección. ¿Será la Justicia la que pondrá los límites? Hasta en los más altos niveles de la magistratura se admite que, con la cuantiosa revalidación de su poder, el Gobierno casi no encontrará obstáculos entre la mayoría de los jueces. Las causas de especial interés del oficialismo avanzarán o dormirán a su ritmo. Tampoco los límites los levantarán los trabajadores, comprometidos políticamente como están con la parte del modelo que comparten, ni los empresarios, entusiasmados desde sus intereses por el crecimiento económico. ¿La prensa crítica podrá ponerlos? El relato oficial construido en estos años la ha demonizado de tal modo, que cualquier señalamiento de desvío o exceso del poder, aunque lo verifique la realidad, es considerado oposición política, malintencionado y destituyente. Queda, entonces, casi sin intermediarios, la opinión pública, que no es la suma de la opinión de cada ciudadano. La opinión pública, cuando existe como valor de la democracia, posee entidad propia y sus inclinaciones no son propiedad de nadie en particular.Curiosamente, estos temas también son motivo de análisis en el propio oficialismo. Si es para enaltecer la democracia o para devaluarla, lo sabremos con el tiempo.