Los bordes de la coherencia

Cuando el Ejército Rojo llegó a Buchenwald, liberó al puñado de sobrevivientes de ese campo de concentración, donde los nazis masacraron a 60 mil personas entre soldados soviéticos, judíos y disidentes alemanes. Pero en lugar de clausurarlo, utilizaron sus barracas y sus cámaras de gas para amontonar y masacrar a miles de soldados alemanes y disidentes rusos. Cuando el régimen germano-oriental forestó el monte Ettersberg para ocultar las fosas comunes que cavaron los soviéticos, perdieron autoridad moral para repudiar los crímenes en masa de los nazis. Algo parecido hicieron los marines que atormentaron prisioneros en Abu Ghraib. Esa cárcel bagdadí era el signo más siniestro del aparato criminal de Saddam Hussein, porque allí torturaba y exterminaba a los disidentes. Pero cuando los muchachos de ese patético "virrey" llamado Paul Bremer se fotografiaron vejando y atormentando a iraquíes, Washington perdió autoridad moral frente a la brutalidad de la dictadura derribada.Ni siquiera es necesario explicar la repugnancia de esa doble moral. No se puede, sin una dosis de hipocresía, denunciar Auschwitz y justificar el Gulag. No se puede aborrecer los crímenes talibanes y justificar Guantánamo, sin incurrir en una innoble contradicción. Algo parecido desnuda el caso del terrorista chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, instalado ahora en la Argentina. Crimen sin castigo. Bautizado con el nombre del patriota decimonónico Manuel Rodríguez Erdoiza, el Partido Comunista de Chile creó un brazo militar para luchar contra la dictadura de Augusto Pinochet. Debutó con un apagón general en 1983 y continuó con ataques y sabotajes, entre ellos la Operación Siglo 20, que intentó matar al supremo dictador. La lucha armada se justificaba porque los militares habían clausurado de manera violenta la democracia. Pero al terminar la dictadura, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez –ya desvinculado del PCCH– decidió seguir actuando con violencia y, en 1991, con el democristiano Patricio Aylwin como presidente, asesinó al senador Jaime Guzmán. Que Guzmán haya sido asesor de Pinochet, no implica que su muerte no sea lo que fue: un asesinato. También bajo el gobierno de centroizquierda surgido de las urnas, el FPMR secuestró al directivo del diario El Mercurio Cristian Edwards y lo sometió a la tortura de sobrevivir más de cinco meses en un agujero infecto y sofocante, para cobrar un suculento rescate.¿Por qué debieran quedar impunes esos crímenes? Que no fuese el Estado quien encerró a Edwards en una caja oscura a convivir con su excremento, no quiere decir que no hayan sido brutalmente violados sus derechos humanos. Que no sea un crimen de lesa humanidad porque no lo cometió un gobierno, no quiere decir que el asesinato del senador de la UDI no haya sido un crimen. ¿Por qué pretender que sobre esos delitos no haya esclarecimiento y justicia?En Chile, actuó correctamente Sebastián Piñera al rechazar el pedido de indulto a militares que formuló la Iglesia. También actúan de manera correcta la oposición de centroizquierda y los organismos de derechos humanos que apoyan el reclamo de extradición para que el por entonces llamado "comandante Salvador" sea parte de un proceso destinado a esclarecer aquellos crímenes, determinando culpas y condenas.Esas dirigencias que lucharon para que los delitos de la dictadura pinochetista no queden impunes, al avalar ahora una extradición para que haya "juicio y castigo" por los casos Guzmán y Edwards, no hacen más que ser coherentes con la valiosa posición que siempre tuvieron contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos. No ocurre lo mismo de este lado de la Cordillera. Mirada sesgada. El primer pedido de extradición lo hizo el socialista Ricardo Lagos, considerado uno de los mejores estadistas que ha dado la restauración democrática en Latinoamérica. Si Michelle Bachelet, que es hija de víctimas de la dictadura y sufrió reclusión, tortura y exilio, piensa que Apablaza Guerra debe ser juzgado en Chile, y en el mismo sentido se pronunció la Corte Suprema argentina, caracterizada por la excelencia y la convicción garantista de sus miembros, ¿por qué debería contradecirlos el Gobierno?Entidades que con inmenso coraje ayudaron al país a terminar con la impunidad de genocidas y torturadores del último régimen militar podrían estar incurriendo en una oscura contradicción al solicitar para un hombre reclamado por la Justicia chilena el estatus de refugiado, que se otorga en casos de países con persecuciones políticas y sin Estado de derecho.En la Argentina, al logro de juzgar y castigar el terrorismo de Estado lo opacó la defensa y hasta el elogio de asesinatos y secuestros en condiciones infrahumanas, perpetrados por los otros actores de la violencia. Sostener que la impunidad sólo es condenable en los crímenes de lesa humanidad y aceptable en otros casos, es absurdamente ajeno a la valoración noble y coherente de los derechos humanos. Y discriminar ideológicamente los crímenes resulta ética e intelectualmente deshonesto. Como la dirigencia norteamericana que repudió las torturas de Saddam, pero disculpó las propias en Guantánamo y en Abu Ghraib. La misma indignidad de los intelectuales rusos que callaron sobre el Gulag, después de haber aceptado que Buchenwald dejara de ser un campo de concentración nazi para convertirse en un campo de concentración soviético.

*Director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Empresarial Siglo 21