Ambiente. Ley de Glaciares: la reforma afectará la seguridad hídrica de Córdoba
La modificación de la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado, no es un simple cambio técnico en un papel, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de siete millones de argentinos.
Los glaciares no son sólo masas blancas suspendidas en las alturas de nuestra cordillera; son, en esencia, el pulso hídrico de la Argentina.
Nuestro país cuenta con casi 17 mil glaciares inventariados por el Ianigla-Conicet –el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas– que alimentan 36 cuencas hídricas. Son nuestras cajas de ahorro para los tiempos de escasez.
Sin embargo, hoy esa pureza está bajo amenaza. La modificación de la Ley de Glaciares que obtuvo media sanción en el Senado no es un simple cambio técnico en un papel, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de siete millones de argentinos, en el desarrollo de economías regionales y en la supervivencia de nuestros ecosistemas más frágiles.
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El impacto de la pérdida de glaciares, además, no se limita a las provincias cordilleranas. El agua de deshielo que se origina en ellas alimenta un entramado complejo de cuencas y ríos que atraviesan el país.
Poner en riesgo esos sistemas es comprometer la disponibilidad de agua para el desarrollo de las comunidades, economías regionales y actividades productivas locales a lo largo de todo el territorio, en un contexto de creciente estrés hídrico.
Impacto en Córdoba
Un ejemplo claro es la provincia de Córdoba, cuya disponibilidad de agua depende en gran medida de sistemas hídricos interprovinciales, en particular en su zona norte, donde recibe aportes de deshielo provenientes de ambientes de montaña ubicados fuera del territorio provincial.
En un contexto de estrés hídrico creciente, la posibilidad de sostener la producción agropecuaria, la actividad industrial y el abastecimiento de agua para millones de personas en Córdoba está ligada de forma directa a la estabilidad de esas cuencas aguas arriba.
Cuando esos sistemas se alteran o se reducen los aportes de agua, no sólo se ve afectado el ambiente: se compromete la capacidad de producir y de garantizar el acceso al agua en la propia provincia.
Las sequías recurrentes de los últimos años, la caída de niveles en embalses estratégicos y las restricciones al uso del agua evidencian esa vulnerabilidad.
Debilitar las normas que protegen las fuentes de agua en las zonas de naciente es profundizar un problema que Córdoba ya enfrenta, con impactos directos sobre su economía, su producción y la vida cotidiana de su población.
Un tesoro estratégico
En un mundo donde sólo el 3% del agua es dulce, y de ese porcentaje más del 70% se encuentra congelada, cada centímetro de hielo es un tesoro estratégico para regular el ciclo hidrológico.
En este escenario de crisis climática, reducir su protección no es sólo irresponsable: es directamente peligroso. Si permitimos que se destruyan estas reservas, perderemos un agua que ninguna infraestructura costosa podrá recuperar jamás.
Justamente por este rol estratégico, resulta grave el rumbo que propone el nuevo proyecto de ley.
Es preocupante que se busque trasladar la decisión final sobre qué proteger a definiciones discrecionales de las provincias. Esto rompe con el carácter nacional y uniforme de los presupuestos mínimos ambientales que establece nuestra Constitución.
Además, la modificación de la ley ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, debilita la coherencia de nuestra política ambiental y expone las reservas estratégicas de agua a un riesgo que el país no puede permitirse.
No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas.
Un error conceptual
Dejar en manos de la interpretación política provincial si un glaciar cumple o no una "función hídrica relevante" implica un error conceptual que no puede ignorarse.
Los glaciares y el ambiente periglacial son agua por definición. Intentar fragmentar su protección según intereses productivos inmediatos es ignorar que los sistemas hídricos no reconocen límites políticos ni fronteras provinciales.
La ley 26.639 ha sido un faro a nivel mundial desde su sanción y ha protegido con éxito nuestras fuentes de agua de proyectos extractivos que tienen como resultado su destrucción. Retroceder ahora, introduciendo conceptos ambiguos y subjetivos como "alteración relevante", es abrir la puerta a repetir desastres que ya han lastimado a comunidades del país.
Argentina ya eligió una vez proteger sus fuentes de agua. Hoy, más que nunca, la ciudadanía tiene la oportunidad de reafirmarlo y exigir a los diputados que den marcha atrás con la decisión regresiva del Senado.
Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo. Defenderlos es, sencillamente, defender nuestro derecho al futuro.
Especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina
