La lucha por el defensor del Pueblo

La vocación totalitaria del kirchnerismo fue exitosa en reducir numerosos artículos de la Constitución Nacional a simples pedazos de papel escrito. Entre ellos, se destaca el 86, contenido dentro de un capítulo, el séptimo, íntegramente destinado a la creación de la figura del defensor del Pueblo de la Nación, con rango constitucional, dentro de la órbita del Congreso, con independencia y autonomía funcional y máxima jerarquía en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos y de incidencia colectiva.Qué ironía: quienes se llenaron la boca mencionando las palabras "derechos humanos" fueron autores de la eliminación de facto de la máxima autoridad de la República, cuya función primordial es velar por la defensa de esos derechos.En efecto, desde 2009, por orden de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, la Argentina no cuenta más con su defensor del Pueblo.La lógica era conocida: de no ser posible la colonización de cualquier ámbito de poder público estatal, como también de la sociedad civil, sindicatos, corporaciones, medios y universidades, la única opción viable era proceder a su desmantelamiento.En consecuencia, cualquier autoridad que pudiera servir como dique de contención frente al avasallamiento de derechos y libertades por parte de un poder sin frenos ni límites debía ser neutralizada.Consciente de esta situación, en junio presenté un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para que se proceda a la plena integración de la Comisión Bicameral Permanente de Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya competencia esencial es, según marca la ley 24.284, remitir ante ambas cámaras a los candidatos a defensor del Pueblo de la Nación. Dicho proyecto fue acompañado con su firma por 12 diputados del interbloque Cambiemos, provenientes de todos sus bloques, tanto de la Coalición Cívica ARI, la Unión Cívica Radical, el PRO y el Partido Demócrata Progresista. A los pocos días, fueron designados los siete diputados que faltaban para que la comisión pudiera ser constituida y, por ende, cumplir con sus funciones. En agosto, presentamos otro proyecto junto con las diputadas Carla Carrizo y Elisa Carrió para reformar la Ley de Defensor del Pueblo, cuya sanción es anterior a la reforma de la Constitución Nacional de 1994.El nuevo texto implica que el defensor del Pueblo no pueda ser designado, como podría ocurrir hoy, a través de una oscura transacción partidista, de espaldas a la sociedad, sino mediante un proceso transparente de audiencias públicas, en el cual cualquier ciudadano pueda escuchar y conocer al candidato y presentar eventuales objeciones o impugnaciones.Asimismo, con el claro objetivo de evitar que se vuelva a cometer el grave error de la designación del procesado Ricardo Echegaray ante la Auditoría General de la Nación, buscamos establecer que quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia o hayan sido condenados en sede penal no puedan ser candidatos a defensor del Pueblo.Recomponer las instituciones es la principal misión de quienes fuimos votados para integrar el Gobierno. Sin instituciones, no hay paz ni convivencia posible; mucho menos, margen para la recuperación de la economía, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.No obstante, ¿cómo podemos hablar de recomponer instituciones, en abstracto, sin estar dispuestos a librar estas luchas diarias, a contracorriente, para que la Constitución y las leyes tengan vigencia efectiva?En el caso en cuestión, sin perjuicio del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que nos exhorta a los legisladores a subsanar esta grave inconstitucionalidad por omisión–, luego de largos años de ausencia, la figura del defensor del Pueblo debe renacer bajo nuevos y más exigentes estándares de transparencia, legitimidad y control público.Por consiguiente, no demorar más su elección y hacerlo bien, mediante la reforma de la ley, garantizará que esta alta magistratura recobre su prestigio y crédito de cara a las futuras generaciones de argentinos. Sin instituciones sólidas, cuya importancia las ubique por encima de los juegos de poder, cualquiera sea su color político, será imposible generar las condiciones de fondo y los mecanismos de incentivo que permitan prevenir y erradicar los males de la corrupción y del autoritarismo. * Diputada nacional por Coalición Cívica ARI Córdoba