Justicia. La industria del juicio laboral: el costo oculto que frena a Córdoba
En el escenario actual, nadie sabe cuánto va a costar un conflicto laboral hasta que ya es demasiado tarde. Cuando un empleador no puede prever sus costos contingentes, invertir se convierte en una simple apuesta y producir pasa a ser un riesgo inasumible.
La aspiración de ampliar el mercado laboral choca hoy contra un muro letal: la industria del juicio. Para quienes generan trabajo, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), contratar a un nuevo empleado se ha transformado en un acto de valentía desmedida.
El diagnóstico es alarmante: en marzo se iniciaron más de 13 mil demandas en distintas provincias y, en el último año, se superaron los 135 mil casos, lo que equivale a unos 600 juicios por día hábil.
En 2025, en Córdoba se iniciaron casi 8.000 juicios laborales
Esta realidad provoca una incertidumbre paralizante en el generador de trabajo. En el escenario actual, nadie sabe cuánto va a costar un conflicto laboral hasta que ya es demasiado tarde. Cuando un empleador no puede prever sus costos contingentes, invertir se convierte en una simple apuesta y producir pasa a ser un riesgo inasumible.
En ese contexto, la reciente ley 27.802 de Modernización Laboral ofrece una hoja de ruta concreta para revertir esta dinámica. Pero su impacto depende, en gran medida, de cómo las provincias adapten sus sistemas judiciales. Córdoba tiene hoy la oportunidad –y la necesidad– de hacerlo.
Reglas claras
La clave no pasa por reducir derechos ni por simplificar discusiones complejas. Pasa por introducir reglas claras.
Primero, mediante la implementación de una mediación obligatoria y gratuita, que cuente con plazos breves, con audiencias virtuales y con conciliadores especializados; esto permitirá resolver conflictos antes de que escalen.
Qué pasa con los juicios a las ART y por qué en Córdoba hay una tendencia inversa
Segundo, a través de aplicar el proceso declarativo abreviado. El proceso debe organizarse con una demanda y con una contestación completas desde el inicio, seguidas de una audiencia única donde se concentren la conciliación, la prueba y los alegatos.
De esta manera, los juicios no se extenderán indefinidamente, sino que tendrán plazos previsibles y resultados en tiempos razonables. La duración incierta de un juicio es, muchas veces, tan costosa como el propio conflicto.
Tercero, estandarizar los criterios indemnizatorios. La mayor fuente de imprevisibilidad no es el conflicto en sí, sino no saber cuánto vale su cuantificación.
La creación de matrices de cálculo para estandarizar indemnizaciones permitiría reducir la discrecionalidad judicial y desincentivar las demandas infladas, con lo que se logrará que la empresa pueda estimar el costo probable del juicio con un margen de error razonable.
Por último, se observa un fuerte aumento en el costo de las ART (con alícuotas que van del 6% al 15%), de manera contraintuitiva frente a las estadísticas que muestran una disminución de los accidentes laborales. En este contexto, resulta clave que los peritajes se realicen en etapas iniciales y tengan mayor peso probatorio, para evitar informes contradictorios y así reducir tiempos y costos.
Estos cambios no apuntan a beneficiar a una parte sobre otra. Apuntan a algo más básico: reconstruir la confianza en el sistema.
Porque, sin previsibilidad jurídica, no hay planificación posible. Y sin planificación, no hay inversión, ni empleo, ni crecimiento sostenido.
Es hora de ponerle un precio cierto al conflicto y devolverle al sector privado la confianza necesaria para expandir, de una vez por todas, nuestro mercado laboral.
Diputado nacional
