Incompatibilidad: ¿inclusión o cupo?

El hecho de que se sostenga un sistema de cupo para establecer la cantidad de estudiantes que pueden comenzar sus estudios en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entra en contradicción con las políticas de inclusión que se vienen implementando desde 2007 en esa casa de estudios superiores. Estas políticas de inclusión se apoyan en el desarrollo de un sistema de becas para estudiantes con necesidades socioeconómicas, que brinda ayuda financiera, beneficios en el comedor universitario, apoyo para el transporte. Y también sobre el desarrollo de acciones tendientes a favorecer la integración de los estudiantes en el medio social universitario.Los esfuerzos que realiza nuestra Universidad para incluir jóvenes que, sin una ayuda económica y sin un acercamiento de la casa de altos estudios a la escuela media y una disposición institucional favorable, no tendrían siquiera la posibilidad de comenzar una carrera; necesitan un reforzamiento, acompañamiento y un renovado compromiso.Hace falta actualizar los montos de ayuda económica porque, aunque se crea o no en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación y el costo de vida han aumentado, mientras los montos de las becas se congelaron desde 2009.Ese mismo año se crearon las becas para ingresantes, con el objetivo de "promover el ingreso a los estudios de nivel superior de estudiantes de sectores sociales que no acceden mayoritariamente a la Universidad", tal como se puede leer en la página web de la UNC, las que también necesitan de una actualización.Este objetivo choca con la política de exclusión que se expresa en el cupo de ingreso a Medicina. Sólo permite el ingreso de 550 estudiantes de los cerca de 1.900 aspirantes. Alrededor de éste, se ha desplegado un comercio del estudio, con un sinfín de ofertas de academias que preparan para el ingreso, no para la profesión.Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas se escudan en el artículo 50 de la Ley de Educación Superior, que establece la posibilidad de que, en las universidades con más de 50 mil estudiantes, el régimen de admisión sea fijado por cada facultad. Por supuesto, la corporación médica lo festeja y apuntala.Las posibles soluciones a este problema demandan decisiones, como presupuesto para garantizar el acceso a los estudios en Medicina a quienes aspiran a ello. O condicionamientos para que los aumentos de partidas que beneficiaron a esas facultad en los últimos años sean utilizados para mejorar las condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes. O bien reclamar al Estado nacional mayor presupuesto para afrontar esta necesidad.Es necesario profundizar los planteos y reclamos de derogación de la Ley de Educación Superior y consagrar una nueva norma que considere la inclusión y permanencia de los estudiantes dentro del sistema como prioridad y establezca dentro de las misiones de las universidades nacionales el compromiso social en la producción de conocimiento y formación de los futuros profesionales de nuestro país.No es admisible que las falencias, déficit, errores o incluso cierta pasividad sobre este tema se resuelvan dejando estudiantes fuera del sistema y excluyendo a aquellos que no pueden pagar una academia privada, o sea, cortando el hilo por lo más fino.Avanzar sobre las penas que nos quedan es generar cambios sustentables en el tiempo y pasar de la reparación a la garantía de los derechos, en este caso, a la educación. Tarea no menor que necesita de coraje y decisión política, dejando cada vez menos espacio para la especulación y las dudas.

*Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, becario Secyt-UNC