Fibertel y un Estado de Derecho en jaque

Cuando se vive en un Estado de Derecho, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido y los funcionarios sólo aquello que les está permitido, es obligatorio o inherente a su cargo.

Pero decisiones discrecionales como la dispuesta el 19 de este mes por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, al anunciar la cancelación de la licencia de la empresa Fibertel, ubican al Estado de Derecho en jaque.

La medida impulsada por el Gobierno nacional por medio de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones y que dispuso la caducidad de la licencia para la prestación de los servicios de transmisión de datos en el ámbito nacional, telefonía local y telefonía pública otorgada a la empresa Fibertel SA se produce en medio de una larga disputa mediática y judicial con el Grupo Clarín, propietaria de ésta y de Cablevisión.

Esa norma expresa con claridad en su artículo 3º: "Dispónese un plazo de noventa (90) días contados a partir de la notificación de la presente resolución para implementar las medidas necesarias a los fines de migrar los servicios". En otras palabras, el tiempo que dispondrán los usuarios para cambiar de empresa.

Cabe recordar que Fibertel es uno de los proveedores más grandes de Internet en nuestro país, con más de 1,5 millón de usuarios.

En el comunicado emitido como réplica, Cablevisión adujo que se trata de "una brutal actitud de hostigamiento contra una empresa que fue la primera en introducir Internet de alta velocidad en la Argentina hace ya 13 años. Pero, además, implica una gravísima penalización a los clientes y a los consumidores, al pretender restringirles su libertad de elección y convertirlos en rehenes de una persecución".

Claves

Acaso algunas de las siguientes claves despejen dudas sobre la gravedad del caso:

1. Se vulnera el derecho del usuario a elegir la prestadora que desee.

2. Vuelve a ubicar a la inseguridad jurídica como elemento negativo para el desembarco de las empresas de servicios, porque no aporta previsibilidad a los actores económicos y sociales.

3. Impone la migración de una empresa a otra en 90 días, lo que, tecnológicamente, es de cumplimiento imposible.

4. Los usuarios no podrán elegir una tecnología similar a la ya utilizada, dado que de las opciones existentes en el país, solamente una compañía compite en tecnología similar.

5. Coloca a subprestadores del servicio en situación de no poder brindarlo más, dado que en el interior del territorio nacional la tecnología de Fibertel se transmite a través de cooperativas. En esos lugares, podría haber apagón de Internet u obligación de contratar un único prestador, que tendrá seguramente una tecnología diferente.

Está claro que el problema no radica sólo en la decisión de quitar la licencia a una prestadora y que haya un prestador menos, ni siquiera en las supuestas molestias para los usuarios cuyos derechos también están siendo cercenados, ni en la violación de los derechos de propiedad de quienes teniendo un derecho a explotar un servicio, se les ve conculcado.

El verdadero y coyuntural problema consiste en la irreversible violación del Estado de Derecho y la discrecionalidad con la que siempre ha actuado el Gobierno de nuestro país.

Discrecionalidad que, en términos jurídicos, no es otra cosa que el conjunto de decisiones que los funcionarios pueden tomar fuera del marco de las leyes que los obligan a actuar de una determinada manera.

Existe Estado de Derecho cuando se dan, como mínimo, tres situaciones:

a) Poder limitado. Esto quiere decir que el funcionario no puede hacer lo que su voluntad ordena, sino lo que marca la ley.

b) Ley formal. Nadie puede ser sancionado sin ley previa que lo prevea y todo lo que no está legítimamente prohibido, está permitido.

c) Gobierno de la ley y no del hombre. Esto es, que los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley les manda.

Sin estas tres aristas, el Estado de Derecho se desmorona.

No hay empresa en el mundo que apueste a un país donde no hay garantías ni seguridad jurídica y en el cual toda decisión quede sometida a la voluntad y humor de un Gobierno que cree que todos los que no están en su barco, chocarán inevitablemente con el iceberg de la irracionalidad.

Aunque está claro que, en ese caso, tarde o temprano, nos iremos hundiendo irremediablemente todos.