Todos pierden en el sector cárnico
Los esquemas de precios regulados, controlados o sugeridos tuvieron un efecto fugaz, cuya inspiración obedeció a la necesidad de moderar el índice de precios oficial antes que la búsqueda de un plan integral para la producción de bienes y servicios.
Como sucedió ante otras reacciones intempestivas del Gobierno nacional, las limitaciones a las exportaciones de carne desde fines de mayo último generaron pérdidas millonarias a todos los actores de la cadena.
La administración de Alberto Fernández intentó con esa medida frenar los aumentos de uno de los alimentos más demandados por los argentinos y minimizar su impacto en la inflación.
El Gobierno no logró ninguno de sus objetivos, al tiempo que provocó un daño enorme, según el comunicado conjunto difundido por una docena de entidades de la producción y de la comercialización.
La comunicación subraya la pérdida que sufrieron los productores ante la caída del precio de la hacienda en pie, al tiempo que la medida –corregida parcialmente en los últimos meses– generó incertidumbre para la actividad.
Los criadores piden retrotraer la situación a abril último para evitar que siga derrumbándose la inversión en genética y en forraje.
El menor desarrollo también afectó a los consignatarios, a los industriales y a los exportadores, según señalaron en el documento.
Este grupo afirma que el cierre de las ventas a los principales mercados afectará la imagen de la Argentina como proveedora de uno de los alimentos que demandan los sectores medios y altos.
Este año se perderían más de 550 millones de dólares por la reducción de las exportaciones, mientras que el Estado nacional resignaría unos 50 millones de dólares por derechos de exportación no cobrados, según cálculos privados.
El freno a las ventas externas no arroja ganadores, ya que a las pérdidas que soportan los principales actores de la cadena se suma un aumento en el precio para los consumidores. Hasta julio último, este producto había registrado un aumento interanual de 81,5 por ciento, en tanto que en los primeros siete meses el incremento rozaba el 41 por ciento.
La declaración multisectorial pone énfasis en la pérdida de poder de compra que sufrieron los consumidores, ya que los ingresos estuvieron por debajo de esos guarismos.
Los esquemas de precios regulados, controlados o sugeridos tuvieron un efecto fugaz, cuya inspiración obedeció a la necesidad de moderar el índice de precios oficial antes que la búsqueda de un plan integral para la producción de bienes y servicios.
Las últimas señales, como el proyecto de un plan ganadero que divide al país en cuatro regiones productivas, constituyen otro intento de atenuar los reclamos y de la puesta en marcha de soluciones sustentables para el mercado de las carnes.
El calendario electoral y el objetivo de acrecentar la actual representación legislativa oficialista no son buenas señales para la búsqueda de acuerdos perdurables en cuanto al abastecimiento del principal alimento de los argentinos y del mantenimiento de los mercados que apetecen el producto.
Tras los comicios, el Gobierno debería alentar un plan que permita atender ambos desafíos y que evite las pérdidas ruinosas en una actividad en la que el país tiene claras ventajas competitivas.
