Preocupante desequilibrio del sistema de salud

La crisis económica, que impacta de manera directa sobre el mercado laboral, indirectamente incide sobre el sistema de salud, al punto que estaría necesitando redefiniciones importantes.

Según datos de la Provincia, 1.750.000 cordobeses no tienen obra social. Esto representa un 45 por ciento de la población total proyectada para este año por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Cuando estén las cifras del censo, lo sabremos con exactitud, pero la estimación sirve para advertir que casi uno de cada dos cordobeses sólo puede acceder al sistema público de salud ante cualquier síntoma que requiera atención médica.

Hace cuatro años y medio, a comienzos de 2018, eran cerca de 1.400.000 personas. Por lo tanto, en ese lapso el número de cordobeses que se quedaron fuera de la seguridad social creció algo más de un 20 por ciento.

¿Puede ser distinta la situación en otras provincias? Difícil. No es gente que haya quedado desocupada. El índice de desempleo descendió en el último tiempo. En realidad, es una evidencia de que el trabajo formal sigue retrocediendo y que aumenta la cantidad de personas que subsisten gracias a un empleo informal.

Esto se puede corroborar en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec: en los últimos 12 meses, la cantidad de asalariados sin descuento jubilatorio (los empleados informales) pasó del 32,4 al 36 por ciento.

El trabajador informal no sólo deja de aportar a la jubilación, sino que además no cuenta con vacaciones pagas ni con obra social. Se complica tanto su futuro como su presente.

Si se observa el sistema de salud con estos datos, se percibe cómo se resintieron todos sus circuitos.

Primero, los hospitales públicos y los centros de atención primaria se encuentran saturados por un aumento inusual de la demanda y un relativamente bajo presupuesto.

Segundo, no son pocas las obras sociales que enfrentan ciertos desequilibrios financieros por la pérdida de aportantes. Por supuesto, aquí no hay que olvidar el efecto de la inflación, que incrementa los costos y reduce los ingresos. Y la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados también afecta a sus obras sociales, que reciben un porcentaje fijo de esos sueldos.

Tercero, el sector privado. Los convenios de atención que, en su momento, estableció cada clínica o sanatorio seguramente estuvieron diseñados para que una determinada cantidad potencial de usuarios le diera rentabilidad. Pero ahora ese universo se redujo. Este es uno de los motivos que podrían explicar la reconfiguración que el sector viene experimentando en los últimos dos o tres años, a favor de las empresas más grandes.

Es obvio, como hemos dicho en otras ocasiones, que Argentina necesita reformas estructurales de fondo para promover la creación de puestos de empleo formales y de calidad, en los que se reconozcan todos los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, urge que el Estado, con la participación de los demás protagonistas del sistema de salud, establezca un plan para reequilibrarlo de inmediato.