Planes sociales y trabajo de la mujer

De los programas sociales puestos en marcha en los últimos años, sin dudas la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el más importante, por el impacto que ha tenido en la estructura familiar y en los ingresos de los sectores más carecientes de la Argentina. Un reciente informe de la Fundación Observatorio de la Maternidad califica de positivo el crecimiento del gasto en los programas de ayuda social (la AUH y las pensiones no contributivas a madres de más de siete hijos).También destaca que más familias obtuvieron un piso mínimo para satisfacer sus necesidades básicas. Y hay que subrayar que es este el logro fundamental de ambos programas.Pero, al mismo tiempo, el Observatorio llama la atención sobre el hecho de que esos planes desalientan el desarrollo laboral de la mujer. Según el informe, la AUH no refuerza ni estimula la perspectiva de la madre trabajadora.La fundación pone el acento en esta doble condición de los programas sociales, lo cual no deja de ser una contradicción. Y, por eso mismo, el tema es objeto de controversias.Nadie puede negar que los programas de ayuda social son totalmente necesarios en la Argentina; de lo contrario, millones de personas caerían por debajo de los índices de indigencia.El problema es la desigualdad que generan entre las mujeres, quienes padecen serias restricciones en sus posibilidades de trabajar por ser beneficiarias de estos planes. Según el informe antes citado, "el diseño de estos programas refuerza el patrón de conducta histórico, que asigna tareas productivas a los hombres y las de cuidado y atención del hogar a las mujeres".Es decir que los planes no facilitan la incorporación de estas mujeres al trabajo formal, lo que afecta no sólo a su eventual progreso económico sino también a su desarrollo como personas.Otra cuestión a tener en cuenta es la connotación negativa que fueron tomando los planes en los últimos tiempos, pues empezaron a ser vistos por ciertos sectores regresivos de la sociedad como una "salida fácil" para no trabajar.Se trata de un prejuicio enorme –pues desprecia una obligación fundamental que tiene el Estado para con la población–, pero está instalado y forma parte del espectro de opiniones.La aplicación de los programas sociales es de alta complejidad. La Argentina padece desde hace tiempo un alto grado de corrupción, tanto política como económica, y esto termina afectando la instrumentación de los planes.Tal vez la alternativa sea diseñar programas de asistencia con salidas laborales y educativas viables. Para implementarlas, se necesita un Estado fuerte y eficaz, en un marco pleno de derecho y legalidad, capaz de regular de manera clara y transparente un derecho básico del ser humano como es la ayuda social.