El problema de las re-reelecciones

La modificación de una ley provincial para permitir un nuevo mandato a intendentes, jefes comunales, concejales, legisladores y tribunos de cuentas reelegidos en 2019 sigue siendo el tema principal que preocupa a la política cordobesa. Pero nadie quiere dar el primer paso, para no pagar el costo político de una reforma que será mal recibida por la sociedad.

Lo venimos advirtiendo desde diciembre pasado. A menos de dos semanas de la que se señala como la fecha clave –la sesión legislativa del 29 de junio–, todo sigue igual.

El oficialismo, en un principio, decidió que el costo político debía ser pagado por los intendentes y jefes comunales: para impulsar la reforma, deberían firmar un documento, solicitándola. Hasta el lunes de esta semana, no habían ingresado a la Legislatura las aproximadamente 100 notas que, en el sentido requerido, habrían emitido intendentes de distintas orientaciones políticas.

Una curiosa justificación se esgrime para explicar la cuestión: ahora, se dice, el oficialismo pretendería que se presenten primero los pedidos de gobiernos locales en manos de la oposición.

Mientras tanto, legisladores radicales afirman que no acompañarán la reforma y, en consecuencia, dejaron a sus intendentes relativamente librados a la presión del oficialismo. Pero no por ello van a permitirles que inicien el trámite legislativo.

Con todo, la realidad indica que el problema principal lo tiene el oficialismo. De los 427 municipios y comunas que hay en la provincia, en 289 (el 66 por ciento) las autoridades son las mismas desde 2015. Según el conteo oficial, 141 responden a Hacemos por Córdoba; 73, al radicalismo; 43, al Frente de Todos; 19, al PRO y 13, al vecinalismo.

La modificación legal que prohibió la re-reelección fue aprobada en 2016 y tomó como primer mandato el período 2015-2019. Entonces, quienes obtuvieron un segundo mandato en 2019 quedarían imposibilitados en 2023.

Pero como las leyes no pueden legislar hacia el pasado, la reforma estuvo mal planteada: no podía retrotraerse a 2015 y debiera haber fijado como fecha de partida la próxima elección, 2019. Con este elemento sobre la mesa, sería muy fácil discutir la reforma de ese único aspecto. No insumiría mucho tiempo redactar el proyecto ni analizarlo en comisión.

O sea que todo este enredo es porque nadie quiere pagar el costo político de asumir que en 2016 se cometió un error legislativo importante al que se presentó socialmente como un avance sustantivo a favor de nuestra calidad institucional. Y de hecho limitar o prohibir las reelecciones contribuiría a la buena salud de la democracia. Pero hay que hacerlo bien.

Estas equivocaciones suelen ocurrir cuando la política se vuelve mera especulación y los dirigentes y funcionarios tienden a posicionarse a favor de lo que marcan las encuestas como tendencias sociales en ascenso. Todos se apuran por mostrarse a favor y nadie repara en las formas y las implicancias legales.

Nadie debiera olvidar que la política reclama coherencia y racionalidad, tanto a la hora de diseñar programas de acción como cuando se redactan las leyes.