Combatir la trata de personas

Son profusos los ordenamientos legales que entraron en vigencia durante las últimas décadas en Argentina para combatir la trata de personas con fines laborales y sexuales. Sin embargo, estamos ante un flagelo que permanece activo desde los sótanos de la ilegalidad, y a resguardo de eventuales, aunque inhabituales, redadas de las fuerzas policiales.

Son leyes de orden nacional y de las provincias, entre ellas la de Córdoba, que no logran erradicar de cuajo un sistema perverso, que ha escrito páginas de terror en la historia judicial.

Es de conocimiento público que, en relación con la trata con propósitos sexuales, las víctimas son mujeres que, en un gran número, fueron raptadas por oscuros sicarios que operan para los delincuentes proxenetas, quienes se mueven con poderosas complicidades locales e internacionales.

Peor aún, la trata de personas para estos fines ruinosos llega a incluir a niñas que no superan los 10 años de edad y que, bajo amenaza o falsas promesas laborales, serán entregadas como mercancía a “clientes” de nula moralidad.

En sendos informes que publicanos en las ediciones del lunes y martes pasados, se refleja con rigurosidad periodística los alcances de este delito infame, con testimonios escalofriantes de una mujer mayor rescatada que recuerda haber sido raptada en Paraguay cuando tenía apenas 9 años.

El informe da cuenta de que Córdoba no está a salvo de semejantes aberraciones y que las mujeres y varones rescatados de sus cautiverios son alojados y contenidos temporalmente en refugios que comparten con víctimas de violencia de género.

Las leyes fueron proyectadas con fines específicos en beneficio y en defensa de la población. Pero si quedan empantanadas en las buenas intenciones, no serán de utilidad según las metas perseguidas. Por ello, es auspicioso que desde el Comité Federal contra la Trata hayan comenzado a tener más presencia en materia de asistencia a las víctimas.

Es imperativo cumplir desde el Estado con ese auxilio humanitario. Pero el tema crucial radica en que la Justicia y las fuerzas de seguridad de las provincias más sacudidas por este fenómeno caigan con todo el peso de la ley sobre los malvivientes que regentean prostíbulos clandestinos. Sin soslayar, claro está, el tufillo a corrupción y complicidad que se desprende de no pocos servidores públicos.

Datos que maneja la Dirección de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, del Ministerio de la Mujer de Córdoba, indican que una de cada tres víctimas que recibieron asistencia de parte del Estado durante 2020 provenía de otros países.

En tanto, desde otro plano que despierta repudio y preocupaciones sobresale la explotación laboral en condiciones rayanas en la esclavitud. Como muestra el informe periodístico, estos abusos se incrementaron de manera significativa en todo el país, espoleados por la caída del empleo formal que quedó como saldo de la pandemia por el coronavirus.

El Estado en toda su extensión no puede permanecer indiferente mientras haya delincuentes que hacen negocios espurios relacionados con la trata de personas con fines sexuales y laborales.