Delitos informáticos y prueba digital, deuda pendiente del Código Penal

En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un revolucionario proceso de penetración de la informática, la tecnología y los datos digitales en la vida cotidiana de las personas. Todo esto ha generado múltiples interrogantes en torno de su uso, tanto para cometer delitos como para ser utilizados como elementos de prueba o posibles evidencias. Casos de público conocimiento que han llegado a la Justicia son una muestra de ello, y plantean inquietudes y vacíos en el mundo de las leyes y en la población en general. Si bien, de forma paulatina, la Justicia ha ido considerando a estos medios tecnológicos como parte del proceso judicial a la hora de resolver delitos de todo tipo, la situación no se ha visto acompañada por cambios en las ciencias jurídicas y en la teoría procesal.En el presente, la prueba digital –considerada como un tipo de prueba física cuyos datos pueden ser recolectados, almacenados y analizados con herramientas informáticas forenses y técnicas especiales– ofrece algunos inconvenientes a la hora de demostrar o echar luz acerca de algún delito cometido con la tecnología o través de ella.En este sentido, la legislación argentina ha avanzado de forma parcial y fragmentaria en la incorporación del fenómeno tecnológico. Los pasos que ha dado, como por ejemplo con la introducción de las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, o leyes especiales en materia penal, no permiten a los operadores del derecho moverse con certezas al momento de las decisiones judiciales que implican hechos tecnológicos.El actual Código Procesal Penal no presenta ninguna mención que haga referencia a la prueba o evidencia digital, ni a ningún procedimiento (preservación, manipulación, análisis) relacionado con ella.Como peritos informáticos forenses, nuestras acciones se encuentran regidas según las buenas prácticas impartidas por quienes son pioneros en la materia, generalmente en los Estados Unidos. Por eso, resulta imperioso un revisionismo que permita realizar las reformas necesarias para regular estas prácticas e incorporar, así, la prueba digital y todo lo que ella conlleva.

*Ingeniero, perito informático forense