La culpa es de la mala gestión

En estos últimos meses, la situación financiera de la provincia de Córdoba, incluido el déficit de la Caja de Jubilaciones y el aumento de los servicios de la deuda provincial por la devaluación, ha ocupado un lugar central en la agenda política de los cordobeses.

La estrategia comunicacional del Gobierno para justificar el ajuste sobre las jubilaciones provinciales y la implementación de la tasa vial, se ha centrado en apuntar como principal y único responsable a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia.

Producto del Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba correspondiente a los ejercicios 2010-2011, la deuda asciende a mil millones de pesos y el gobierno de José Manuel de la Sota elevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el problema del déficit de la Caja ya tiene varios años entre nosotros.

Por ese motivo, si bien es evidente que la deuda de la Nación saca a la luz el problema estructural del sistema, en manera alguna lo podemos considerar como su causa.

Por el contrario, fueron las propias políticas del actual Gobierno provincial las responsables del déficit.

Jubilaciones anticipadas. La medida que, a nuestro modo de ver, fue la principal causa del problema, son las jubilaciones anticipadas que concedió el gobernador De la Sota durante el período 2000-2006.

Si bien no hay datos exactos sobre la cantidad de jubilaciones anticipadas, tenemos que el total de beneficiarios de la Caja aumentó de 65.448 en 2000 a 89.364 en 2006. Es decir, se incrementó en 23.916 en un plazo de seis años.

La enormidad de este dato se evidencia si vemos, por ejemplo, que en el período 2006-2011 el total de beneficiarios creció sólo de 89.364 a 91.543 (2.179 nuevos beneficiarios).

Esa decisión se tomó antes de las elecciones de 2003, en la cual De la Sota fue reelegido como gobernador.

Es evidente que fue una decisión electoralista, con una mirada de corto plazo y que no tuvo en cuenta que el sistema previsional es frágil y no puede ser sobrepasado en su capacidad sin que se desequilibren sus finanzas.

Si hacemos cálculos estimativos del impacto económico de esta decisión, vemos que el déficit actual de la Caja, que rondó los 1.267,6 millones de pesos en 2011 y los 716,6 millones de pesos en el primer semestre de 2012, se debe en gran parte a esta medida.

Si multiplicamos el aumento en el número de beneficiarios, que es de 23.916, por el haber medio bruto de la Caja, que ronda los 7.113 pesos, y a este resultado lo multiplicamos por 12 meses, concluimos que el costo anual de la medida a valor actual es de alrededor de 2.040 millones de pesos.

Habría que considerar en los costos que estas personas jubiladas con anticipación cobrarán sus haberes durante mucho más tiempo que una persona jubilada a una edad normal.

Medidas electoralistas. Los problemas de la deuda pública de la Provincia también se originan en medidas tomadas por el Gobierno provincial. Pero en este caso apuntaban a las elecciones para gobernador realizadas el año pasado.

Es así que la Provincia tomó deuda, mediante la emisión de los títulos Boncor en 2009 y 2010, por un total de 746 millones de dólares para financiar obras que no aumentaron la capacidad productiva de la provincia, como la construcción del Centro Cívico, el Parque de las Tejas, el Faro del Bicentenario, la Nueva Terminal de Ómnibus y la remodelación del Estadio Mario Kempes.

El problema de la infraestructura no productiva es que no fomenta la creación de nuevas industrias ni aumenta la capacidad exportadora de la provincia.

Es decir, no incrementa la capacidad contributiva de la economía provincial, de la que podría obtener los recursos para pagar los intereses y capital de la deuda tomada.

Más aun, la política de endeudamiento en dólares ha dejado a las finanzas provinciales en una situación muy vulnerable a las variaciones del dólar.

A esta política de endeudamiento electoralista, también hay que sumar la decisión tomada el año pasado de endeudar a la Empresa Provincial de Energía (Epec) en 565 millones de dólares para financiar la construcción de la Central Bicentenario de Pilar.

Si bien aquí podríamos decir que sí hay un aumento de la infraestructura productiva, resultan preocupantes las condiciones del crédito.

El endeudamiento es a sólo ocho años, a una alta tasa de interés de 12,5 por ciento anual en dólares (similar a la tasa devengada por los bonos Boncor).

El problema es que al ser un proyecto de inversión a largo plazo, cuyo producido será en pesos, no podemos estar seguros de su viabilidad financiera.

De hecho, hoy la administración provincial está pagando parte de este préstamo porque Epec no tiene la capacidad financiera de afrontar los 10 millones de dólares mensuales que se requieren.

Responsabilidades. Denunciar la política de desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y la política de endeudamiento de la Provincia no significa ignorar la responsabilidad que cabe a la Nación en toda esta situación.

Justamente la Ley de Responsabilidad Fiscal número 25.917 fue promulgada para que fuera la Nación la que diera la autorización final para endeudarse a las provincias.

Es decir, la Nación avaló y autorizó a que la Provincia se endeudara en dólares. Más aun, la deuda que tiene Epec es con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin el aval de la Nación, esta obra jamás podría haberse realizado.

Además, la solución que propone al desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones es un violento recorte de las jubilaciones provinciales para equipararlas con las nacionales.

En definitiva, las actuales medidas de ajuste fiscal y aumentos impositivos en la provincia son resultado de decisiones políticas tomadas en el pasado reciente. Y tanto el Gobierno provincial como el nacional son cómplices y corresponsables.

Mientras duró su acuerdo político, las consecuencias de sus políticas se disimularon. Hoy, en el marco del enfrentamiento entre Nación y Provincia, las consecuencias salen a la luz.

Como pasa siempre, quienes terminamos pagando la mala gestión somos los cordobeses.

*Profesor adjunto UNC, investigador Conicet y director académico Cippes, e investigador asociado al Cippes, respectivamente.