Una cuestión no sólo doméstica o privada

Es indispensable revisar nuestras acciones cotidianas y nuestra cultura institucional, con el objetivo de conseguir el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. En el marco de la reciente asamblea anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen (FIO), que reunió en Buenos Aires a los defensores del Pueblo, procuradores y comisionados de Derechos Humanos de 18 países, además de especialistas y expertos en materia de derechos humanos, desarrollamos el Seminario Internacional sobre la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.Por estos días, los argentinos asistimos a una escalada irracional: hasta el 31 de octubre último, al menos 228 mujeres y niñas fueron víctimas de femicidio.Aunque la violencia contra las mujeres ha sido reconocida desde hace algunas décadas, ésta es una realidad social históricamente invisibilizada por quienes quieren mantener privilegios basados en una pretendida superioridad de género.Nuestras sociedades, sus economías, sus estructuras sociales y de poder, la familia y las prácticas de la comunidad se han construido manteniendo divisiones de género profundamente enraizadas y persistentes, con consecuencias concretas en todos los ámbitos de la sociedad y el Estado.Estas divisiones todavía existentes no afectan a un "grupo vulnerable", como en algún momento se ha pretendido denominar a las mujeres. Se trata del posicionamiento de las mujeres en condiciones de inferioridad respecto de los varones, en términos de goce de los derechos y las libertades. La violencia contra las mujeres, que está todavía socialmente naturalizada, constituye una de las consecuencias más nefastas de aquellas estructuras.También es preciso subrayar que de todas las formas de vulneración de derechos, la violencia ejercida contra las mujeres es una de las de más complejo abordaje.Las dificultades que casi siempre encuentran las víctimas para formular denuncias, sumadas a la insuficiente disponibilidad de herramientas para la contención y recomposición de derechos son uno de los desafíos más arduos en términos de protección de los derechos humanos.Dentro del colectivo están quienes sufren de modo agravado: las niñas, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las inmigrantes y las alcanzadas por la pobreza y la indigencia. Todas ellas ven duplicada o triplicada su situación de inferioridad por pertenecer a esos grupos vulnerados.En este difícil contexto, los Estados deben sumar esfuerzos para concretar políticas y programas permanentes de amplio alcance. Estas políticas tienen que orientarse a la transformación de los sistemas jurídico y administrativo; la producción y unificación de datos sobre violencia hacia las mujeres; la prevención y persecución de los delitos relacionados con el tema que estamos tratando; la atención y la restitución de los derechos a las víctimas y la sanción de actos que promuevan la violencia contra las mujeres, entre otros objetivos fundamentales.Por su parte, el rol de las instituciones de derechos humanos es contribuir al desenvolvimiento de estos procesos con nuestra mirada crítica y ubicando la cuestión de género como nuevo paradigma de esos derechos.Es indispensable que también tengamos un enfoque hacia adentro, revisando nuestro proceder cotidiano y nuestra cultura institucional. El objetivo que debemos perseguir de manera constante es el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, comenzando por el de una vida libre de violencia.