Debate. AFJP, sistema mixto y memoria previsional: qué mostró realmente la experiencia argentina

Cada vez que Argentina enfrenta desajustes macroeconómicos y tensiones en su balanza de pagos, se instaura una discusión latente sobre una reforma previsional. Reaparece una pregunta conocida: si el sistema público enfrenta tensiones de financiamiento de las jubilaciones y pensiones, ¿la salida es regresar a la capitalización individual, como en los años de las AFJP?

La historia previsional argentina permite responder con un dato incómodo para ese eventual ensayo: el país ya transitó por un sistema mixto, con convivencia entre reparto y capitalización, y los resultados estuvieron lejos de ser exitosos.

La estructura normativa de esa experiencia quedó plasmada en la ley 24.241, sancionada en 1993. Allí se creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que desde 1994 se organizó en una convivencia mixta entre un régimen previsional público y otro basado en una capitalización individual administrada por las AFJP.

La capitalización no fue, entonces, una alternativa meramente teórica: fue una política de Estado, que se intentó hacer funcionar durante más de una década.

Sin embargo, la evaluación posterior fue mucho menos favorable que la promesa inicial. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su estudio sobre envejecimiento y sistemas previsionales en América latina, recordó que la reforma de 1993 en Argentina introdujo el esquema financiado y endureció, al mismo tiempo, las condiciones de acceso.

Según ese mismo informe, el resultado fue concreto: la cobertura previsional cayó de manera sostenida durante los años 1990 por efecto de la reforma. Es decir, el sistema mixto no amplió la protección; por el contrario, convivió con una reducción del alcance efectivo de la seguridad social.

El mismo trabajo del Fondo agrega un punto todavía más relevante para el debate actual. Señala que en 2008 el esquema financiado fue terminado porque tuvo un desempeño insuficiente en términos de sostenibilidad financiera y, además, generó presiones fiscales sobre el sistema en su conjunto, ya que los aportes de los trabajadores que antes iban al reparto fueron derivados a cuentas individuales. En otras palabras, la coexistencia entre ambos modelos no alivió el problema estructural: lo reconfiguró, pero no lo resolvió.

A ese diagnóstico, se suma otro dato importante. En el Country Report del FMI de septiembre de 2012 sobre la regulación del mercado de capitales argentino, al reproducir las observaciones de las autoridades de nuestro país, se indicó que entre 1994 y 2008 las AFJP registraron una rentabilidad bruta promedio de 8,27%, pero el rendimiento efectivo luego de comisiones y primas fue de apenas 2,4%.

Según agrega el organismo, el efecto inmediato fue una menor disponibilidad de recursos para invertir en las cuentas individuales de los trabajadores. Esto es: una parte significativa del esfuerzo contributivo no terminó fortaleciendo los haberes futuros, sino que fue absorbida por costos del propio sistema.

Como es sabido, la reversión de ese modelo llegó con la ley 26.425, de 2008, que unificó el sistema en un único régimen previsional público, el Sipa, financiado por reparto, y eliminó el régimen de capitalización. La norma dispuso, además, la transferencia de los activos de las cuentas individuales al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esa decisión no fue un mero giro ideológico: fue también la admisión institucional de que la experiencia dual no había consolidado un sistema más estable.

En definitiva, lejos de sugerir que el régimen actual no tenga dificultades, los propios informes del FMI muestran lo contrario. Ya en 2016 el organismo advirtió que el sistema previsional argentino requería reformas para sostener su viabilidad financiera de largo plazo: el exceso del gasto de seguridad social sobre contribuciones había llegado en 2015 a 2,8% del producto interno bruto (PIB) y, bajo las reglas vigentes, el déficit previsional podía superar el 5% del PIB en 2066.

Esa preocupación no desapareció: el Fondo volvió a plantearla en 2022, la reiteró en 2024, y en 2025 dejó asentado que el Gobierno preparaba una reforma integral del sistema con eje en su equidad y sostenibilidad.

Sin embargo, una cosa es admitir que el sistema requiere reformas y otra muy distinta es presentar el regreso a las AFJP o a un nuevo esquema mixto como si fuera una solución ya probada y exitosa.

Lo anterior y otros antecedentes disponibles dicen más bien lo contrario: la experiencia argentina con reparto y capitalización coexistiendo no mejoró la cobertura, no eliminó el problema fiscal y tampoco garantizó mejores resultados netos para los afiliados.

Por eso, de volverse a abrir una discusión previsional profunda, el punto de partida debería ser menos idealista y más firme: antes de proponer una reedición de algo que no funcionó, conviene mirar con humildad y ojo crítico lo que dejó realmente ese pasado.

Así, el actual contexto político vuelve todavía más sensible el debate. Tras la sanción de la reforma laboral de fines de febrero de 2026, que crea un Fondo de Cese Laboral, la agencia internacional de noticias Reuters (en cita a Franco Marconi, analista de la Fundación Libertad y Progreso) destacó que se financiaría con aportes que hoy están dirigidos al sistema previsional nacional.

En ese marco, distintas coberturas periodísticas señalaron que el Gobierno podría avanzar más adelante con una reforma previsional, aunque todavía no existe un texto definitivo conocido.

Lo real es que Argentina fracasó en la prueba de la capitalización. Y la evidencia disponible muestra que la convivencia entre “reparto y AFJP” no resolvió ni la cobertura ni la sustentabilidad del sistema.

La solución no es simple ni puede agotarse en postulaciones. Pero sí hay una certeza mínima: cualquier reforma que aspire a ser seria deberá mejorar el futuro sin repetir los errores del pasado. Y para eso, antes que nada, hacen falta evidencia, prudencia y memoria institucional.

*Abogado