Tres detenidos por evasión millonaria

Tres detenidos en la ciudad Córdoba, uno de ellos sindicado como el supuesto cabecilla de una organización dedicada al parecer a evadir impuestos de importaciones, era el saldo hasta anoche de una compleja investigación iniciada en la provincia y que se extendió a Buenos Aires y Rosario. El fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, confirmó ayer que la causa se inició el año pasado en su fiscalía, a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)-Aduana, tras haber detectado presuntas anormalidades en el ingreso al país de artículos electrónicos.A partir de entonces, el fiscal se puso al frente de las pesquisas, que ayer derivaron en 35 allanamientos realizados de manera simultánea en la ciudad de Córdoba, Rosario y Buenos Aires.La modalidad delictiva consistiría en presentar facturas, al momento de ingresar los artículos al país, con precios subvaluados. De esta manera, según la investigación, se evadían varios impuestos, además de tasas y el derecho a la importación. Al analizar las distintas facturas presentadas, en la Aduana se interpretó que los precios no coincidían con su valoración real y se estima que el fraude sería cercano a una operación de unos 100 millones de dólares en total.Senestrari solicitó que, por el momento, no trascendiera la identidad de los detenidos, ya que hasta el cierre de esta edición continuaban algunos operativos. Recién cuando se terminen de recolectar todas las pruebas, según las medidas procesales ordenadas, se conocerá quiénes son los capturados. Nueve operativos. El encargado de Aduana de los operativos realizados en Córdoba, Sebastián Amaya, confirmó que en la ciudad hubo nueve procedimientos en total y tres detenciones. El operativo más importante tuvo lugar en un depósito de calle Suipacha al 1900, en barrio Pueyrredón, donde se secuestró una importante cantidad de mercadería. De allí, los inspectores de Aduana se llevaron tres camiones repletos de mercadería, en especial con artículos electrónicos como notebooks , memorias externas, placas de red, routers, consolas de juegos (Play Station), equipos de GPS, filmadoras y cámaras fotográficas. Entre los tres detenidos cordobeses, figura el supuesto cabecilla de esta organización, un empresario dedicado desde hace tiempo a este rubro, según trascendió, que fue capturado en su domicilio particular, en el complejo Parque Milénica, del grupo Dinosaurio, ubicado en calle Rodríguez del Busto, barrio Alto Verde. Las otras dos detenciones se produjeron en barrios cerrados de Córdoba.Se trata de empresarios dedicados a la venta mayorista de artículos electrónicos e informáticos, por lo que no contaban con locales conocidos por el público en general. Vendían en Córdoba, Buenos Aires (allí se realizaron 25 allanamientos) y Rosario (un operativo).Las imputaciones girarían en torno a las figuras de contrabando, lavado de activos, evasión de tributos e impositiva y asociación ilícita. Más detenidos. En Buenos Aires, en tanto, fueron detenidas otras seis personas. El principal operativo se realizó en las Galerías Jardín, en Florida 537. La titular de Dirección General de Aduana, María Siomara Ayerán, explicó a la agencia de noticias Télam que, "a través del uso de matrices de riesgo de la Aduana y del intercambio de información con otros países, se pudo identificar una plataforma constituida desde la Argentina y la creación de empresas que operaban como importadores".Ayerán agregó que esas empresas, algunas radicadas en Miami, "realizaban una planificación fiscal nociva, de manera tal que las importaciones se documentaban en promedio al 50 por ciento de su valor". "Esa subvaluación abarcó productos de electrónica e informática, mercadería de alta gama y de última generación", precisó.En ese sentido, el fiscal Senestrari apuntó que, de acuerdo a la investigación, esta organización habría declarado que ingresaba artículos importados por un valor de 50 millones de dólares, en total, cuando la real facturación sería, por lo menos, el doble de ese valor.Para ordenar estos allanamientos intervino el Juzgado Federal Nº1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, mientras que en Capital Federal tomó participación el Juzgado Penal Económico Nº5, a cargo del juez Jorge Brugo.