Otra vez, policías sospechados de integrar una banda que robaba autos

Otra vez, efectivos de la Policía de Córdoba aparecen involucrados en una investigación judicial por integrar, supuestamente, una banda dedicada a robar vehículos en la provincia. En este caso, se trata de cuatro efectivos de la división Sustracción de Automotores, que fueron imputados por el fiscal federal Nº 2, Gustavo Vidal Lascano, y removidos de sus puestos por sus jefes policiales.

Con esta causa, son tres las investigaciones que se abrieron en los últimos meses contra diferentes bandas dedicadas a robar vehículos y revender sus partes, y en todas aparecen policías involucrados.

A mediados de octubre, el fiscal de Distrito 2 Turno 3, Pedro Caballero, anunció que desbarató a una megabanda que estaría ligada a la sustracción y “desguace” de rodados. En total, fueron procesadas 14 personas y hay tres prófugos. Entre los involucrados aparecen como sospechosos cuatro policías: el comisario Alejandro Molina, el sargento ayudante Alejandro Barsola, el subcomisario Roberto Salvático y el suboficial principal Roberto Nieto.

El caso provocó un sismo interno en Sustracción de Automotores. Aunque permanece en su puesto el comisario inspector Gabriel Palacios, jefe de la división, fueron removidos los dos jefes que se encontraban debajo de él en el escalafón jerárquico, Daniel Márquez (se le asignó un nuevo destino) y Molina. Y se trasladó a 20 suboficiales y oficiales a otras reparticiones de la Policía.

A fines de noviembre, el fiscal de Distrito 1 Turno 4, Rubén Caro, ordenó que se ejecutaran 12 allanamientos en los que se descubrió lo que sería otra banda integrada por tres policías en actividad y algunos civiles.

De acuerdo a la investigación, los delincuentes usaban una clave que sólo poseen determinadas autoridades judiciales e ingresaban vía web al Registro Nacional de Secuestro de Automotores, donde hacían ingresar un vehículo “limpio” en el listado de los que deben ser secuestrados por orden de la Justicia. Luego, simulaban un allanamiento y terminaban exigiendo una coima para no llevarse el vehículo. Si la víctima no pagaba, se iban con el rodado que terminaba en el circuito ilegal.

Estas causas, como la que sustancia el fiscal federal Vidal Lascano, estuvieron en manos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía, que tiene bajo su órbita a Sustracción de Automotores. Fueron los propios compañeros los que investigaron y detectaron a policías sospechosos, que fueron apartados de sus puestos, removidos o pasados a situación pasiva e imputados por la Justicia. “Hoy, ninguno de los involucrados en estos casos pertenece a la división”, resaltó un jefe policial.

Causa federal. En la última de estas causas, Vidal Lascano acaba de dictar imputaciones contra nueve personas por los supuestos delitos de asociación ilícita, robo calificado y extorsión. Entre los sospechosos, figuran cuatro efectivos policiales.

De acuerdos a la causa, desde octubre de 2011, Jorge Darío Cenci, Marcos Cenci, Gustavo Rodríguez (alias “Pitu”), Darío Osmerini (“Dari”), Nelson David Llanos, y los policías Elizabeth Fabiana Ovejero (cabo primero), Pablo Martín Lugo (oficial), Walter Dante Casas (oficial) y Daniel Edgardo del Barco (sargento) habrían acordado “conformar una banda destinada a cometer delitos, principalmente enderezada al tráfico de vehículos robados o con gravámenes, llevando a cabo una pluralidad de hechos delictivos”.

Al parecer, según la principal sospecha, la banda primero identificaba, a través del registro policial, vehículos que tenían inconvenientes de tipo registral o diversos tipos de anomalías en su identificación. Luego, simulando los civiles ser policías, detenían la marcha del rodado y amenazaban al conductor con llevarlo detenido. Había caso en los que exigían coimas y otros en los que se llevaban los rodados para introducirlos en el mercado ilegal.

Según la instrucción de la causa, Cenci y Osmerini “necesitaban contar con información que sólo podía obtenerse a través de los registros con que contaba la dirección de Sustracción de Automotores”. Allí, se desempeñaban Ovejero, como sumariante federal, y Lugo, quienes habrían obtenido la información relacionada con irregularidades registrales de vehículos, a través del acceso a la base de datos.

Los falsos procedimientos habrían sido ejecutados por Cenci y Osmerini, aunque también aparecen en estos roles los funcionarios policiales Casa y Del Barco. En tanto, Rodríguez (domiciliado en Río Ceballos) sería el encargado de falsificar documentación de automotores para luego inscribirlos bajo un supuesto marco legal.

A Casa y Del Barco se los imputó por el supuesto delito de “extorsión”, mientras que Ovejero y Lugo suman los supuestos delitos de “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos”. Todos continúan en libertad.