El Ministerio de Seguridad denunció a ex jefes de la Federal por presunta corrupción
La cartera de la ministra Garré presentó la denuncia "por haber encontrado evidencias de complicidad en la comisión de diversos delitos".
La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, denunció ante la Justicia a 20 miembros de la Policía Federal, desde comisarios a cabos, por presuntos hechos de corrupción, y para que, en consecuencia, sean investigados por cohecho y enriquecimiento ilícito, se informó hoy oficialmente.
La cartera de Garré reveló que, de acuerdo con las investigaciones propias, los sospechosos habrían comprado "inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos" y habrían tenido "cuentas bancarias con movimientos irregulares".
El ministerio dijo que los acusados actuaron en las comisarías "7ª, 28ª y 44ª" de esta capital, y que la denuncia penal se hizo "por haber encontrado evidencias de complicidad en la comisión de diversos delitos".
Explicó en un comunicado que esa cartera de Estado "recabó evidencias que comprometen a cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente, en irregularidades y delitos diversos".
Las investigaciones -desarrolladas por diversas áreas del Ministerio de Seguridad- contaron con "testimonios de integrantes de la propia fuerza de seguridad y comerciantes a los que se habría extorsionado para el cobro de dinero por protección policial", se reveló.
Denuncian cobros de coimas. La cartera aseguró que "existieron cobros de coimas para permitir el funcionamiento de prostíbulos, puntos de venta de drogas, venta callejera en estaciones de trenes y servicios de transporte ilegales (combis truchas)".
Asimismo, los policías están acusados de "incumplir deliberadamente los procedimientos de prevención del delito dispuestos por el Ministerio de Seguridad (paradas policiales y controles vehiculares previstos en el ˜Plan de Seguridad Urbana˜".
En este marco, a priori se les imputa a los sospechosos "cohecho y enriquecimiento ilícito (aumentos patrimoniales injustificados, adquisiciones de inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos que no se corresponden con sus ingresos, y cuentas bancarias con movimientos irregulares)", señaló el ministerio.
