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Mendoza aplicará la castración química

Será desde julio y el detonante fue el secuestro y violación de una joven en Godoy Cruz, el jueves último.

29 de mayo de 2010 a las 12:01 a. m.
Especial
Mendoza aplicará la castración química

El anuncio del gobierno de Mendoza de que a partir julio comenzará a aplicarse en esa provincia el tratamiento de castración química a violadores, continuó la polémica desatada a nivel nacional desde que la legislatura mendocina aprobó esta medida.

En una conferencia que brindó ayer el ministro de gobierno, Mario Adaro, se adelantó que la provincia contratará a una especialista española para que encabece tareas de capacitación sobre el tema.

"El tratamiento integral de delincuentes contra la integridad sexual requiere una especialización", sostuvo el ministro y anunció que la especialista capacitará en Mendoza a los profesionales locales.

La decisión se anunció tras el caso de una adolescente de 14 años que fue secuestrada y violada el jueves pasado por dos hombres cuando se dirigía a la escuela, en la localidad de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza.

El Gobierno plantea una serie de reformas a las leyes para revisar los beneficios de liberación y libertad condicional. "Nosotros hemos modificado ese sistema de beneficios. Hemos agregado que no los obtendrán si no se someten al tratamiento", explicó Adaro.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Behler, manifestó que "el abordaje de este tipo de pacientes es inter y transdisciplinario, por eso hemos conformado una comisión de apoyo en donde tenemos la información jurídica de salud, social y de educación. El tratamiento no salta del diagnóstico al tratamiento hormonal".

En marzo último, el gobernador Celso Jaque firmó el decreto del plan integral para tratar a violadores reincidentes, que incluye la castración voluntaria. El plan no se aplicó aún porque el Gobierno estuvo trabajando en un marco legal para dar sustento a la medida.

Crítica. Una de las voces críticas a este proyecto fue la del abogado Pablo Salinas, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, quien remarcó que la medida "no sólo que es inconstitucional sino que viola pactos internacionales".