Los juzgan por trata de personas en whiskería El Quincho, de Cruz Alta

“No estaban allí por su propia voluntad, su situación no era de libertad. Vivían en condiciones de precariedad, dormían las dos jóvenes en la misma cama donde por la noche eran obligadas a prostituirse.

Las habitaciones estaban enrejadas para que no se escaparan. El allanamiento al prostíbulo se hizo para rescatar a las dos, pero había otras 15 que eran explotadas sexualmente”. El testimonio de la abogada Natalia Lescano fue tan contundente que la defensa del dueño de la whisquería El Quincho, que funcionaba en las afueras de la localidad de Cruz Alta, no quiso hacer preguntas.

La testigo, en su condición de representante en Córdoba de la Coalición Alto a la Trata, participó en 2009 del allanamiento al prostíbulo ordenado por el juez federal de Posadas, ante la denuncia del padre de una joven paraguaya de 18 años, a la que no le permitían regresar a su casa y le retenían los documentos.

Oscar Eduardo “Cacho” Desábato (61) y la ciudadana paraguaya Alicia Concepción Vargas Leulián (32) son juzgados por el Tribunal Oral Federal N° 2, presidido por José María Pérez Villalobo, a quien acompañan José Fabián Asís y Carlos Lascano. Ambos están imputados como coautores del delito de trata de personas.

Engañadas. A la mujer se la acusa de captar a dos chicas paraguayas de 18 y 19 años y trasladarlas a El Quincho de "Cacho" Desábato, quien, además de financiar el viaje, las habría explotado sexualmente.

En el auto de elevación a juicio se detalla paso a paso el traslado de las jovencitas paraguayas desde Encarnación, en Paraguay, a Posadas, y de allí a Rosario en un colectivo de la empresa Crucero del Norte. En Rosario, las chicas abordaron otro ómnibus que las dejó en Cruz Alta, donde eran esperadas por un remisero que las depositó en El Quincho.

Una testigo recalcó que las víctimas fueron engañadas porque les dijeron que serían coperas, pero de inmediato se las explotó sexualmente. Al cabo de los días, el dueño del prostíbulo les exigía la devolución de los montos de los pasajes, a lo que se agregaba el alojamiento, comida y hasta gastos de limpieza.

Vivían ambas en el mismo burdel y en condiciones tan precarias que, además de compartir la misma cama en la que se acostaban con los clientes, no tenían un baño privado.

Todo se descubrió porque, ante la imposibilidad de recuperar su libertad por falta de dinero para regresar a su casa, la paraguaya de 18 años envió un mensaje a un amigo y éste transmitió la novedad al padre de la cautiva, quien realizó la correspondiente denuncia en la Justicia Federal de Posadas.