Confesaron los inspectores acusados de pedir coima
Ambos aceptaron los cargos que se les endilgan, por lo que el lunes se conocerá la sentencia en su contra. Además de prisión, podrían ser castigados con la inhabilitación.
A poco de comenzar la primera audiencia en el juicio que se ventila en la Cámara 6ª del Crimen contra dos inspectores de la Municipalidad de Córdoba, acusados de haber pedido y cobrado una coima a un comerciante de la avenida Fuerza Aérea al 3600 para no clausurar su local, los imputados decidieron confesar su culpabilidad y así acogerse a la posibilidad de un juicio abreviado. Ante esto, el fiscal de Cámara, Marcelo Altamirano, solicitó que toda la prueba recolectada sea incorporada para que la analicen los jurados populares, y el próximo lunes se conocerán los alegatos y la sentencia.La figura legal quedó encuadrada en los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal, exacciones ilegales y falsedad ideológica", y se espera que, además de prisión (serían tres años, pero como hace dos años que están detenidos, es probable que queden en libertad), también reciban cuatro años de inhabilitación, además de ser exonerados de la Municipalidad.Los acusados son Oscar César Medina (47), quien ostentaba el cargo de supervisor jefe de inspectores de la Dirección de Protección Humana de la Municipalidad de Córdoba, y Adriano Bruno Santarelli (46), inspector de la misma repartición, quienes se encuentran detenidos desde diciembre de 2009.Los funcionarios fueron denunciados por el propietario de una mueblería porque le habrían pedido dos mil pesos para no clausurar el local, donde una inspección habría detectado irregularidades en materia de seguridad. El supuesto pago de la coima quedó grabado en una cámara oculta.Caso similar. En diciembre del año pasado, la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba condenó a cuatro inspectores municipales por pedir coimas al dueño de una whiskería en 2006. Tres de ellos fueron sentenciados a tres años con cinco años de inhabilitación, el máximo previsto por la ley para el ejercicio de cualquier función pública.

