Coimas: ordenan arrestar a policías

Buenos Aires. La Cámara del Crimen porteña dispuso la detención de la ex plana mayor de la comisaría 49 de la Policía Federal, procesada por "asociación ilícita" tras ser acusada de cobrar por la seguridad de comercios, proteger a ladrones de pequeños objetos en locales y exigir dinero para permitir venta ambulante y el servicio de estacionamiento. La medida fue dictada por la Sala 6ª de la Cámara, que procesó a nueve integrantes de la comisaría del barrio porteño de Saavedra (hoy en disponibilidad) y ordenó la "prisión preventiva" de todos ellos, entre quienes se encuentra el ex comisario. Siete de ellos se entregaron anoche.La investigación se originó en la denuncia de dos policías de la comisaría, quienes expusieron los hechos que ocurrían en la seccional y con los que estaban en desacuerdo.Las detención comprenden al comisario José Antonio Carranza, a los subcomisarios Fernando Echagüe y Horacio Ponce, al sargento Luis Alberto González, al sargento retirado Jorge Andrés Altuna, al subinspector Gabriel Bellusci, al cabo primero Cristian Ochoa, al suboficial escribiente Carlos Alberto Marcos y al subinspector Cristian Pavón.Todos están imputados de "asociación ilícita, cohecho y defraudación a la administración pública", figuras que contemplan penas máximas de hasta 10 años de cárcel.Fuentes del caso dijeron que se esperaba que los acusados "se ajustaran a derecho", o sea que se pusieran a disposición de la Justicia, y que en caso contrario, de ordenarse el uso de la fuerza pública, podrían ser arrestados por la Gendarmería. Tampoco se descartaba que los abogados de los implicados presentaran recursos para tratar de evitar, al menos momentáneamente, la concreción de la medida.La Cámara hizo lugar a las apelaciones que había formulado el fiscal José María Campagnoli, tras una prolija investigación basada, entre otras pruebas, en cientos de horas de escuchas telefónicas.Así, pudieron englobarse los distintos hechos bajo la denominación de "quintas", la protección policial brindada a comercios a cambio de una paga que no ingresaba a las arcas de la Policía Federal sino a la de los propios policías, y "habilitaciones", permisos para instalar puestos callejeros de ventas por fuera de las autorizaciones municipales a cambio de un canon que percibían los uniformados.Entre las "habilitaciones" figuran el cobro de dinero "para autorizar a los taxistas a detenerse en la parada sita en el acceso al shopping Dot Baires" y el pago de dinero por parte de particulares "a cambio de permitirles cobrar estacionamiento a vehículos en un predio cercado en las inmediaciones" del mismo shopping.