Casación confirmó la prisión preventiva para el ex funcionario Belmaña Juárez

Un nuevo revés judicial recibió en las últimas horas Jorge Belmaña Juárez (61), ex director del Registro General de la Provincia durante los gobiernos de Ramón Mestre y José Manuel de la Sota. La Cámara de Acusación, con una integración no habitual, le ratificó la prisión preventiva resuelta en las dos instancias anteriores por el fiscal de Instrucción Enrique Gavier y luego por el Juzgado de Control 7. Además de otros argumentos probatorios y su peligrosidad procesal, de acuerdo a las imputaciones que sufre, la preventiva también se funda en que se presume que, si es condenado el ex funcionario provincial por ésta y otras causas, recibirá pena de prisión efectiva.El análisis del recurso de Belmaña coincidió con el de los otros cuatro acusados en una de las causas que lo involucran, por falsificación de instrumento público. Ellos son Mario Rubén Masip, Alberto José Ovando, Sylvia Ileana Bucai y Guillermo Luis Lucas.La Cámara de Acusación les rechazó el planteo de inconstitucionalidad "por sustancialmente improcedente", no hizo lugar a los recursos de apelación y les confirmó las prisiones preventivas. Conocimientos especiales. Mario Della Vedova, Alberto Crucella y Eduardo Barrios integraron este tribunal y consideraron que la serie de maniobras ilícitas en el Registro de la Propiedad requerían "un plus de planificación" a cargo de alguien con un elevado nivel de conocimientos especiales, "propios de una persona experta en materia notarial y registral" como Belmaña Juárez. Según la resolución, resulta improbable que "personas 'ignorantes en el tema'" pudiesen diagramar la maniobra, "siendo más sensato" que tal planificación haya estado a cargo de alguien que poseía esos conocimientos especiales, además de sus conexiones e influencia en la repartición. Belmaña Juárez es "el único que posee tal capital cognoscitivo", sostienen los camaristas. Cabeza de organización. "Lo que se le atribuye es haber ideado y promovido la forma jurídica que a la postre permitiría y aseguraría, a través de una reconducción de la maniobra hacia la forma de la adulteración del asiento de dominio, la colocación de éste de terceros, en cabeza de (su sobrino Pablo) Nores Marino para su ulterior promesa de venta al Estado provincial", indican los jueces. Consideran al ex director del Registro como a "quien las pruebas señalan como la probable 'cabeza' de ese poder de decisión y resolución criminales" y que "habría dirigido la formación de un verdadero grupo con cierta organización (...), con cohesión interna y probadísima capacidad para burlar los propios controles del Estado; una parte de cuya custodia precisamente le fuera encomendada al serle atribuida la misión funcional que desarrolló".En varios tramos de la resolución, los jueces coinciden con el fiscal Gavier en que existe "peligrosidad procesal" e indican que "con tales vinculaciones, estos imputados, en libertad, pueden ponerse en contacto con ellos y planificar –y concretar exitosamente– una oclusión entorpecedora de la presente investigación".